La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) interpuso una demanda colectiva en contra del Banco BCI, porque, según afirman en el recurso legal, al tramitar créditos hipotecarios la entidad habría adjudicado arbitrariamente el año 2017 (con una compañía relacionada con el banco) la licitación del seguro de desgravamen, obligatorio para cualquier operación de compraventa de inmueble.
Al incorporar de esa forma el mencionado seguro, el banco habría infringido la ley 20.552, relativa a la modernización y el fomento de la competencia del mercado financiero, y la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que garantizan expresamente la obtención de mejores condiciones de participación de las personas en el mercado financiero, el cumplimiento de las condiciones ofrecidas y la entrega de información veraz y oportuna a los consumidores.
Desde la Odecu remarcan que esta conducta está expresamente prohibida por la citada norma, que pretende evitar que a los usuarios puedan sufrir posibles abusos por parte de las instituciones financieras a forzarlos a contratar ciertos productos o servicios más costosos, que los que podrían obtener en un mercado realmente transparente y competitivo.
Por lo mismo, en la acción judicial, la organización solicitó a la justicia:
1. Devolución del dinero defraudado a los clientes afectados. Según cálculos de la FNE y Odecu, el total del daño causado a los contratantes de los seguros fue de entre $1.500 y $1.900 millones. Esta última pide la devolución del máximo de estos dos montos. Lo que deberá ser repartido entre los 89.988 afectados. Es decir, una devolución promedio aproximada de $21.000 por cada afectado (dependiendo del monto asegurado y características de cada póliza), más reajustes e intereses.
2. Pago de una compensación por el daño moral causado a los clientes defraudados. Para estos efectos se solicitó el pago de $20.000 por cada año de vigencia de las pólizas. Cifra que deberá ser calculada en cada caso.
3. Multa al BCI por el monto máximo que establece la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores por cada caso de clientes afectados (300 UTM). Esto da un total aproximado de 27 millones de UTM, es decir, aproximadamente 1.755 millones de dólares.
Esta acción colectiva de Odecu tiene como antecedente la investigación a todo el mercado de licitaciones de seguros obligatorios asociados a créditos hipotecarios, que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Esta constató que existían conductas del BCI contrarias a la libre competencia en la licitación del seguro colectivo obligatorio de desgravamen del año 2017 en la cartera de créditos hipotecarios de dicho banco.
Tras ello la FNE inició una investigación específica, que redundó en un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por las conductas ilegales detectadas en la licitación de los seguros de los créditos hipotecarios del BCI.
La respuesta del demandado
Frente a la acción judicial de Odecu, el aludido señaló que aún no ha sido notificados y se defendió de las acusaciones. Mediante una declaración, BCI afirma que «cumplió íntegramente con toda la normativa que rige las licitaciones de seguros asociadas a créditos hipotecarios».
Detallan que, en concreto la licitación de 2017 fue adjudicada a la Compañía de Seguros y Corredora de Seguros «que, habiendo cumplido con las exigencias establecidas en las Bases de Licitación respectivas, presentaron la oferta más económica».
En esa línea, la entidad insiste en que su actuar «siempre ha estado enfocado en el cumplimiento de las normas y en el cuidado de sus clientes, con pleno respeto a las normas de protección a los consumidores, a las reglas de libre competencia y todas las normas que le resultan aplicables».
