Los Archivos Nacionales mantienen bajo su custodia unos 3.100 expedientes clasificados sobre el asesinato del que fuera presidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963, que los historiadores y expertos en el tema creen que pueden aclarar los entresijos del magnicidio y quizá cambiar la historia oficial.
Ahora, los responsables de los Archivos Nacionales tienen hasta el 26 de octubre para decidir cuáles de esos documentos, en su mayoría pertenecientes al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la CIA, pueden salir a la luz y cuáles deben seguir en secreto.
Pero la última palabra la tendrá el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene la autoridad final para decidir la publicación de los archivos o demorarla durante otros 25 años.
La divulgación de estos documentos responde a la «JFK Records Act«, una ley aprobada en 1992 a raíz del renovado interés despertado por el caso tras el estreno de la película «JFK», en la que Oliver Stone daba su visión sobre el asesinato cometido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas).
En su filme, Stone planteaba una hipótesis defendida por los investigadores Jim Garrison y Jim Marrs en sus respectivos libros «On the Trail of the Assassins» y «Crossfire: The Plot That Killed Kennedy«, que alimentaba las viejas teorías conspirativas y descartaba el informe oficial de la famosa Comisión Warren, que apuntó a un solo hombre como responsable: Lee Harvey Oswald.
En el momento de su estreno, el ex presidente Gerald Ford, que integró la Comisión Warren, tildó el filme de «fraude» y lo calificó como «la gran mentira».
Veintiséis años después, otros dos estudiosos del drama de Dallas, Roger Stone and Gerald Posner, ambos de The New York Times, esperan con ansiedad la divulgación de los nuevos documentos con la esperanza de que respalden sus propias teorías.
Pese a coincidir en el mismo diario, Stone y Posner defienden teorías totalmente contrapuestas.
En el libro que publicó en 2013, titulado «The Man Who Killed Kennedy: The Case Against LBJ», Stone defiende la teoría de que fue el vicepresidente de Kennedy, Lyndon B. Jonhson, quien precisamente le sucedió en el cargo, el cerebro que estuvo detrás del magnicidio.
La hipótesis de Stone, además de a Johnson, incluye a gran parte de los personajes habituales de las teorías conspirativas en torno al asesinato de Kennedy, a saber: la industria petrolífera texana financió la trama, que fue ejecutada por la mafia con la ayuda de elementos de la CIA y luego el FBI de Edgar Hoover la tapó.
Stone, que fue confidente y asesor de Richard Nixon, considera que el asesinato de Kennedy, la frustrada invasión de Bahía Cochinos para derrocar a Fidel Castro y el escándalo Watergate «están inextricablemente relacionados».
Por su parte, Posner, que en 1993 fue finalista del Pulitzer de Historia con su libro «Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK», considera que las conclusiones de la llamada Comisión Warren son correctas y que no hubo ninguna conspiración.
Tras la tragedia, con el país aún conmocionado, se organizó una comisión de investigación liderada por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, que determinó, no sin controversia, que Oswald cometió el crimen por cuenta propia y sin ayuda.
Pese a sus visiones contrarias sobre este episodio de la historia, uno de los que sigue atrayendo más atención entre los estadounidenses, Stone y Posner han unido sus voces para que se den a conocer los documentos que aún se mantienen en secreto.
El autor, que se mostró convencido de que no se podrá dar por cerrado el caso hasta que se conozca el último documento, criticó al Gobierno por ampararse en la «seguridad nacional» para negarse a dar a conocer los documentos clasificados durante décadas.
«Sé que el director de la CIA, (Mike) Pompeo, está instando al presidente (Trump) a demorar la publicación de estos registros durante otros 25 años», dijo Stone.
En caso de que Trump no autorizase la divulgación de los documentos, como es su prerrogativa como presidente, podría ordenar que no vean la luz durante otros 25 años.
Sobre otro caso polémico de la época, el anterior presidente, Barack Obama, decidió retrasar la publicación de los documentos de la CIA sobre la invasión de Bahía Cochinos, lo que impide aclarar el alcance del compromiso de Kennedy de ayudar al puñado de exiliados cubanos que intentó derrocar en 1961 a Fidel Castro.
