El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha firmado una orden ejecutiva para reducir el consumo de tabaco en el país que contempla la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados, multas e incluso cárcel.
La nueva orden, divulgada hoy por la Oficina de la Presidencia y firmada por el jefe de Estado el martes, prohíbe «fumar en lugares públicos cerrados y medios de transporte públicos», lo que supone endurecer la normativa existente y que en la práctica no se cumple en el país.
La medida, que entra en vigor a los 60 días, también veta la venta y la publicidad de tabaco a un centenar de metros de distancia de colegios, parques públicos, hostales juveniles y lugares de ocio para menores, en un intento de alejar a los jóvenes del consumo de tabaco.
A los infractores les esperan multas de hasta 5.000 pesos (unos 90 euros o 100 dólares) y penas de cárcel de hasta cuatro meses para las ofensas más graves, como vender tabaco a menores.
La nueva normativa propone la creación de zonas separadas de fumadores en establecimientos públicos para asegurar que la mayoría de las instalaciones están libres de humo.
Los cigarrillos electrónicos no están sujetos a las nuevas regulaciones, ya que se consideran dispositivos de uso médico en la ley filipina y la provisión solo afecta a «productos que contienen hoja de tabaco».
El presidente filipino, famoso por su política de línea dura contra las drogas, fue fumador durante muchos años, lo que le causó graves trastornos pulmonares que le obligan a usar respiración asistida por las noches.
Cuando fue alcalde de Davao, Duterte impuso una prohibición total de fumar en lugares públicos, incluidos los espacios abiertos, por lo que muchos esperaban que aplicara la misma política en el resto del país.
Filipinas se ha caracterizado hasta la fecha por la tolerancia en el uso del tabaco, además de por los bajos precios de las cajetillas de cigarrillos, que cuestan entre 45 y 85 pesos (0,81/1,53 euros o 0,90/1,70 dólares) la unidad.
