En los últimos días hemos conocido una información que no nos puede dejar indiferentes: desde el año 2005 hasta el 2016 han fallecido 185 niños y niñas que estaban internados en la red del Servicio Nacional de Menores (Sename). Si bien muchos de estos hechos ocurrieron en establecimientos colaboradores que no están bajo la administración directa del Sename, en ningún caso se puede obviar la responsabilidad institucional. Hay que ser claros, nuestra institucionalidad para abordar la problemática de niños y adolescentes en riesgo social en nuestro país ha llegado a un límite.
Debemos hacernos la pregunta como país si vamos a abordar y enfrentar esta realidad. La manera en que respondamos a esa pregunta nos dará cuenta de los niveles de solidaridad que queremos tener como sociedad con aquellos cuyas condiciones de vida y derechos han sido vulnerados. Personalmente voy a luchar por que la respuesta que construyamos contenga los mayores niveles de solidaridad posibles.
Creo que es clave partir por cómo funciona el sistema. En términos muy generales, el Estado le entrega una subvención por individuo a instituciones privadas para que se hagan cargo de niños y niñas vulnerables. El monto que asigna el Estado es complementado con aportes privados que genera cada institución colaboradora para entregar el servicio.
Es un sistema que funciona con la misma lógica del sistema educativo, donde la familia entrega un copago. Pero acá, al ser niños vulnerables, no hay familia que realice un aporte complementario para la mantención. Entonces, estamos en una situación en que los recursos que asigna el Estado y el aporte privado resulta absolutamente insuficiente para sostener de manera digna a niños y niñas. Acá claramente existe una responsabilidad compartida.
Debemos debatir si el modelo es el correcto. ¿Todo se soluciona si el Estado aumenta la subvención? Estimo que la solución no es tan sencilla. También debemos observar críticamente el funcionamiento de las instituciones colaboradoras.
Para empezar a construir una salida es preciso reconfigurar la relación entre el Estado y las instituciones colaboradoras privadas para dar cuenta de los desafíos que tenemos hoy para resguardar los derechos de niños y niñas. Aumentar la inversión de manera significativa es necesario, pero eso pasa por lograr un acuerdo político social amplio.
Lamento profundamente que sectores de derecha caigan en una suerte de populismo barato a la hora de enfrentar este tema, un populismo que no asume responsabilidades y propone medidas inviables que no ayudan a enfrentar la vulneración del derechos de niños y niñas en nuestra sociedad.
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