«Lamentamos la situación que se presentó en días pasados con la periodista Salud Hernández y los otros comunicadores de RCN en el Catatumbo», indicó el Comando Central de la organización rebelde en un comunicado difundido a través de su cuenta en Twitter.
Hernández y los colombianos Diego D’Pablo y Carlos Melo quedaron en libertad el pasado viernes, luego de cerca de una semana de retención, gracias a la mediación de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.
El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN-guevarista) sostuvo que las operaciones de retención de los tres periodistas «no fueron premeditadas, ni planeadas, sino hechos fortuitos propios de la confrontación que vive el país».
Añadió que en la región del Catatumbo hay un clima de pobreza y violencia que obliga al ELN a «mantener intensos controles territoriales y medidas de vigilancia y seguridad», por lo cual la penetración de los periodistas en la zona «fue una imprudencia».
El Comando Central del grupo rebelde aseguró que tan pronto como verificó que los tres comunicadores estaban en poder de sus unidades «se da la orden de su inmediata liberación» sin que se pusiera en peligro su vida.
Sin embargo, la entrega de Hernández y de los dos periodistas del canal de televisión RCN se demoró «contra nuestra voluntad» por los «intensos operativos desplegados por las fuerzas militares».
En el comunicado el grupo armado se declaró respetuoso de la libertad de opinión, reiteró su voluntad de encontrar un solución pacífica del conflicto e hizo un llamado al cese bilateral de fuego inmediato.
El sábado el presidente Juan Manuel Santos celebró la liberación de los tres retenidos y anunció un plan de inversión en bienestar social, económico y de seguridad para esa región considerada una de las más pobres y conflictivas del país.
El ELN, alzado en armas contra el Estado desde 1964 y el gobierno Santos buscan iniciar conversaciones formales de paz.
Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares, grupos narcotraficantes y fuerzas del Estado y deja ya 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
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