Un tenso frente a frente se vivió durante la jornada de este lunes 18 de noviembre en las afueras de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se realizaron los alegatos entre la defensa y los querellantes de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Todo ocurrió minutos después de que se terminaran los alegatos y mientras los abogados esperaban la resolución de la sala -que finalmente mantuvo la prisión preventiva de Cathy Barriga en una decisión unánime-, instante en el que el representante de la exalcaldesa, Cristóbal Bonacic, encaró duramente a su contraparte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Así, y en frente de todos los medios de comunicación, Bonacic acusó a su colega de “mentiroso”, por haber mencionado un informe en sus alegatos que atribuyó a la Municipalidad de El Quisco y que decía relación con el hijo menor de Cathy Barriga.
“Es un informe ¿de quién, de quién? Muéstramelo... Dijiste tu de la Municipalidad de El Quisco... ¡eres un mentiroso!”, le dijo Cristóbal Bonacic en su cara al abogado representante del CDE.
De acuerdo a los medios que estuvieron en ese momento, el encontrón entre los profesionales se dio debido a que el CDE cuestionó los antecedentes respecto del hijo menor de Cathy Barriga, cuestionando un informe de la Municipalidad de El Quisco. Así, mientras el CDE aseguró que el informe es real, la defensa de la exalcaldesa negó tajantemente la existencia de dicho documento.
Cathy Barriga seguirá en prisión preventiva
Pese a todo, luego de ese encontrón en los pasillos de tribunales, el tribunal de alzada decidió de forma unánime mantener la medida cautelar de prisión preventiva de Cathy Barriga.
En ese sentido, el tribunal indicó que “teniendo en consideración el número, naturaleza, gravedad de los delitos, permiten a esta Corte estimar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
De esta manera, Cathy Barriga tendrá que seguir privada de libertad en el penal de San Miguel, donde se encuentra desde la semana pasada, por los 90 días que se establecieron para la investigación, o hasta que se vuelvan a revisar las medidas cautelares y se cambie eventualmente la decisión.
