Dos pasos espera dar entre ayer y hoy la Fiscalía de Arica, que investiga la muerte de Franco Vargas, mientras cumplía el servicio militar, en abril. Una es un hecho, pues el Juzgado de Garantía, a cargo de la magistrada Paulina Zúñiga, autorizó la exhumación del cuerpo del conscripto para una nueva autopsia, que se llevará a cabo aplicando el Protocolo de Minnesota. La otra el fiscal Mario Carrera espera cumplirla hoy, cuando vaya a exigir que el Ejército entregue información que hasta ahora ha negado.
El nuevo examen al cuerpo del conscripto se hará de una manera y por personas distintas a la primera autopsia, realizada horas después de su muerte en el Servicio Médico Legal de Arica y que estableció que tuvo muerte súbita. Esta vez, se realizará por peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI de la ciudad y bajo el llamado Protocolo de Minnesota, que se aplica cuando ocurren muertes en manos de agentes del Estado y que significa que se pondrá especial atención en detectar rastros de abusos o golpes.
Sergio Zenteno, abogado de la Defensoría Regional de Arica y representante del militar Michael Fritz Luna aseguró que solicitó que en la autopsia participe un perito propio “que pueda hacer el examen del cuerpo para determinar efectivamente la causa muerte, que puede coincidir o no con las que otros profesionales puedan determinar”.
El Ministerio Público dejó en claro que Rommy Vargas, madre de la víctima, había autorizado la diligencia y que existe la posibilidad de que esté presente en la exhumación, aunque junto a personal de los cuerpos de acompañamiento de la Fiscalía.
“Me siento totalmente escuchada ya que se aceptó mi petición y todo lo que planteó tanto el fiscal Carrera como mi defensa, que es Sebastián Andrade”, afirmó la madre del conscripto.
Desde el INDH valoraron las nuevas diligencias encargadas. El jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos, David Bahamondes, manifestó que “es importante que se lleve a cabo esta diligencia consistente en una autopsia mediante protocolo especial en casos de personas que han fallecido bajo custodia estatal, y por lo tanto es un fallecimiento que requiere una investigación de carácter particular por las circunstancias que se han dado”.
El fiscal Carrera se encuentra en Santiago para hacer diligencias personalmente, en especial en dependencias del Ejército, que hace unas semanas perdió la exclusividad de la investigación cuando la Corte Suprema dejó en manos de la justicia civil el caso. De acuerdo al persecutor, la colaboración de la institución castrense ha sido escasa.
“En una primera instancia diría que había bastante hermetismo; por ejemplo, nosotros solicitamos el acceso judicial con autorización de un juez de garantía, a las fichas clínicas de los conscriptos y eso hasta el momento no lo hemos podido obtener”, declaró Carrera en CNN.
Por eso, el persecutor irá hoy al Hospital Militar portando la autorización judicial para retirar estas fichas clínicas. Además, él y sus asesores han aprovechado de tomar declaración a todos los involucrados en la marcha que viven en la zona central. Además, adelantó que se está preparando una nueva reconstitución de escena.
