En un tremendo inconveniente se han convertido los cables en desuso, o la “chatarra aérea”, que aparte de la contaminación visual que provocan también pueden generar accidentes, lo que motivó la materialización de una norma legal hace más de tres años.
Se trata de la Ley 21.172, promulgada el 12 de agosto de 2019 y publicada ocho días después en el Diario Oficial.
En resumen, regula el tendido y el retiro de líneas aéreas y subterráneas. Y la ley dice que los cables en desuso “serán calificados como desechos y deberán ser retirados por la respectiva concesionaria o permisoria a su costa” (las empresas de telecomunicaciones y las de energía eléctrica).
Para ello se da un plazo que “no podrá superar los cinco meses desde la calificación de desecho”. Y “el incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa de beneficio municipal de cien a mil UTM (de $6.115.700 a $61.157.000 durante este mes)”.
Si las empresas no sacan los cables tras ese plazo, “los municipios podrán retirar estos elementos a costa de las empresas, exigiendo el reembolso de todos los costos asociados”.
Claro como el agua. Pero el gran problema que hay es con el reglamento de la Ley, como respondieron a Publimetro desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
“El reglamento de la “Ley Chao Cables” actualmente está en una fase de revisión, lo cual impide tener un balance específico respecto a metros o cables retirados. No obstante, las municipalidades cuentan con herramientas que les permiten ejecutar los retiros de los escombros aéreos”.
Y esas herramientas que indica la Subtel son ordenanzas municipales y/o mesas de trabajo con las empresas.
Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, explicó que “se tarda mucho con los reglamentos pues no hay decisión política de la autoridad para sacarlos. Se empieza a escuchar a las empresas, que en el buen sentido de la palabra hacen lobby, o a otros intervinientes, pese a que las leyes como esta son claras en su aplicación. Y entran también a tallar impugnaciones y consultas, que dilatan el proceso”.
El actual docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor agregó que “desde la ciudadanía se exige que si la empresa no actúa lo haga el municipio, pero ese organismo público generalmente no cuenta con el personal ni con los recursos para, en este caso, cumplir con la tarea muy técnica de retirar los cables en desuso”.
Los postes son propiedad de las empresas de electricidad, salvo algunos casos puntuales en los que sus dueños son las municipalidades.
“Y a esas compañías no les importan ni están obligadas a algo por las externalidades, pues ganan dinero vendiendo “ganchos”. Incluso hay empresas que ni siquiera saben si sus cables están en uso, o bien en Valparaíso se encontraron cables del Telégrafo, que ya no existe”, precisó Pedro Huichalaf.
“Lo ideal era que la ley obligara a las empresas a acreditar el uso efectivo de los cables, y en caso contrario de inmediato pasan a ser chatarra. Y lo claro es que este problema no existe en países en los que es obligatorio soterrar estos elementos”, cerró el exsubsecretario.
APROVECHAMIENTO DE LAS EMPRESAS
Preocupación hay en el mundo municipal con este tema, pero asumen que es muy complejo resolverlo pues carecen de recursos para asumir la tarea que la ley le entrega a las empresas.
“Tenemos el inconveniente de no contar con recursos ni personal para sacar los cables. Pero de todas formas empezaremos a informar sobre ordenanzas ya existentes, como la de La Reina, y a presionar para que salga pronto el demorado reglamento de la ley”, precisó el concejal Alejandro Urrutia, de La Cisterna, presidente de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades.
“Acá las empresas se han aprovechado de la falta de regulación y han trabajado desordenadamente, generando muchos perjuicios a los vecinos. Y causan daños estéticos y también económicos, porque se desvalorizan las propiedades y los entornos. Además, hay daños directos cuando, por ejemplo, un camión corta los cables y la gente se queda sin servicios eléctricos o de telecomunicaciones”, añadió.
Y el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, explicó que “se calcula que alrededor del 70 % de los cables de las empresas de telecomunicaciones están en desuso, por lo que sobrepasan la capacidad de los postes, los que hasta empiezan a inclinarse, con el consiguiente riesgo de caerse y provocar accidentes. O bien los cables son pasados a llevar por vehículos porque están muy abajo y al ser cortados dejan sin servicios a los vecinos”.
LA REINA HA MULTADO POR MIL MILLONES DE PESOS
En la Municipalidad de La Reina tomaron el toro por las astas, y por medio de una ordenanza de 2019 esperaban empezar a solucionar el lío.
Pero recién en enero de 2021 la Corte Suprema ratificó esa ordenanza, y a los pocos días comenzaron a notificar a las empresas de las multas, que van de una a cinco UTM y se han traducido ya en mil millones de pesos.
Y en julio pasado, La Reina y otras comunas empezaron a presionar sobre el tema, lo que llevo a la Subtel a emitir la Circular 245, que las faculta a retirar ese material.
“Fuimos la primera comuna en empujar esta política pública, y en principio acogimos de forma positiva la tarea. Pero aún estamos esperando el reglamento que nos indique el procedimiento exacto de cómo debemos retirar los cables, pues aunque la ley lo permite no aclaro la parte técnica. Esa norma queda coja e incompleta sin el reglamento, porque no nos entrega verdaderas facultades o instrucciones claras para que las municipalidades nos hagamos cargo de los desechos aéreos”, dice el alcalde reinino, José Manuel Palacios.
El edil contó que “todavía no hemos podido retirar cables, y además la Circular 245 señala de forma vergonzosa que la Subtel no cuenta con suficiente dotación de personal para el acompañamiento en el desarrollo de las mesas de trabajo con las empresas y que por eso los municipios deben encabezarlas, desconociendo nuestra falta de recursos y la necesidad del reglamento. La ley y la circular siguen dejando este tema en punto muerto”.
