Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado aprobaron el proyecto ratificatorio del Acuerdo de Escazú, tratado que busca garantizar el derecho a la información, participación, y el acceso a la justicia en materia medioambiental para Latinoamérica y el Caribe.
Por siete votos a favor y dos abstenciones, las mesas despacharon a la Sala la iniciativa, la cual podría ser aprobada y salir del Congreso este mismo martes.
Si bien el expresidente Sebastián Piñera impulsó el acuerdo durante su primer gobierno, luego retiró su firma durante su segundo mandato, acusando que traería obligaciones “ambiguas” y que podría condicionar las legislaciones ambientales sen nuestro país.
El documento recién volvió a ser impulsado el 18 de marzo por el Presidente Gabriel Boric, quien luego encabezó en Chile la COP 1 del Acuerdo de Escazú.
De los 24 países que han firmado el texto, solo 12 lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
Después de la votación en las comisiones, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, agradeció a los legisladores “por haber hecho este trabajo de manera colaborativa. Haber tenido estas secciones con ambas comisiones realmente ha permitido avanzar más rápido a tener una discusión profunda”.
”Escazú lo que hace es fortalecer la democracia ambiental y al fortalecer esto, podemos tomar mejores decisiones”, añadió.
En tanto, el senador Francisco Chahúan (Renovación Nacional) destacó la incorporación de declaraciones interpretativas, “que consta que no estamos cediendo soberanía, ni sometiéndose a tribunales internacionales, y que no sea un tratado auto ejecutable”.
Posteriormente, el parlamentario por Valparaíso acusó que el Estado está en deuda por la situación que atraviesan comunas denominadas “zonas de sacrificio”, como Quintero y Puchuncaví.
Apuntó contra “empresas del Estado que aún se niegan a poder dar a conocer los sumarios donde están las responsabilidades, donde apuntamos nosotros tempranamente a aquellos, por ejemplo Enap, que todavía está en un recursos en la Suprema intentando que las causas del daño ambiental provocado en esas localidades no sea conocido por los chilenos”.
