Once de las normas que se pusieron ayer en tabla en el Pleno de la Convención Constitucional fueron aprobadas, mientras que 23 resultaron rechazadas. Aunque algunas sustituían a otras que habían sido desechadas antes, el porcentaje final reveló una baja aprobación de lo estipulado por el segundo informe de la Comisión de Conocimientos.
Centraron buena parte de la discusión las normas sobre el derecho de autor. Aunque se aprobó su garantía, debió pasar un proceso de depuración, pues no se dio visto bueno mientras se mantuvo la palabra “propiedad” en el texto. Al respecto, el convencional Ricardo Neumann había adelantado en su exposición que “esta Convención tiene un complejo con la palabra propiedad. La ideología hace que sumemos ahora a los artistas a los afectados por derechos engañosos”.
Efectivamente, “propiedad” aparecía en cinco normas y ninguna pasó, ni hubo avances sobre propiedad industrial.
Se rechazó a la vez que el Estado velara por “la ética digital” en el tratamiento de datos, aunque más tarde se aprobaría el derecho a la protección y promoción de la seguridad informática.
En otro punto importante, la Convención aprobó la libertad de investigación, pero no el artículo que señalaba que la creación de conocimientos estará orientada a su democratización y a la búsqueda del bien común. En la discusión, Harry Jurgensen había criticado que “se consagra un derecho y en el siguiente artículo se anula. El artículo dice que el Estado definirá qué se puede crear y cuáles conocimientos son los buenos y cuáles los malos”.
En uno de estos artículos se incluyó la frase “por tanto, se garantiza el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos”, un texto que ya había sido descartado en plenos respecto de otras comisiones. Fue rechazado.
Al borrador llegará que el Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimientos, considerando sus contextos, aunque no pasó el filtro que ese saber fuera “considerado por el Estado a fin que contribuyan al desarrollo del país”.
Se aprobó el derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.
También se consiguió que se prohíba la asimilación forzada de las culturas indígenas. Al respecto, la coordinadora Malucha Pinto dijo tras la votación que “estos pueblos han sido devastados, estas normas vienen a cambiar las cosas”.
“Cuando se reconocen los derechos de los pueblos indígenas hay más paz y tranquilidad”, había señalado en la discusión Alexis Caigan.
Apoyo transversal a recibir ayuda técnica del Gobierno
Aunque el propio Presidente Boric ya aclaró que sus ministros sólo podrán manifestarse fuera de horario de trabajo sobre la nueva Constitución, desde la Convención se ha manifestado la necesidad de que el gobierno intervenga, pero dando información técnica, especialmente sobre las normas transitorias.
Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, declaró que “nos ponemos a disposición, como gobierno, para que las normas transitorias que se establezcan puedan tener el insumo de los poderes constituidos, como nosotros. La última palabra la tienen los constituyentes, pero podemos hacer un aporte”.
Amaya Álvez (Frente Amplio) aseguró que “es correcto que el gobierno entregue el conocimiento técnico y quienes mejor conocen eso no son tal vez las cúpulas, pero sí los empleados públicos que llevan 30 años implementando políticas públicas”.
Coincide Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), quien ejemplifica que “necesitamos saber cuánto cuestan las reformas, cuánto presupuesto es necesario y cuántos años demorarían, por ejemplo”. Fuad Chahín (DC) destacó que “la soberbia de esta Convención y el exceso de celo hacen pensar en rechazar esta ayuda, pero es mejor pedirla, sobre todo en temas técnicos”.
Ruggero Cozzi (Vamos por Chile) reiteró la exigencia de que el Ejecutivo no haga “campaña electoral”, pero a la vez valoró “el aporte para saber si las normas son viables”.
