“Damary tenía 15 años cuando, junto a su hermano de 13 y otra adolescente, estaba en una pequeña área verde de Lo Espejo el 20 de octubre de 2019. Eran las 15:30 horas aproximadamente y desde allí miraban una protesta en la que participaba una decena de personas en las cercanías de Avenida General Velásquez con Américo Vespucio. Ese día fue particularmente crítico; podríamos decir que el estallido social estaba en su punto más álgido y la respuesta represiva de las fuerzas policiales no daba tregua”.

Así comienza el relato escrito por Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile, que da cuenta de lo vivido por la primera menor de edad víctima de tramatismo ocular del estallido social.

Ese día, “los Carabineros de la 11° Comisaría de Lo Espejo no tardaron en llegar al lugar; pese a que, según testigos, la manifestación era pacífica. Damary relata que desde un vehículo policial un funcionario se asomó por la ventana del copiloto y empezó a disparar. Una persona gritó “agáchense”, pero ella lamentablemente no alcanzó a hacerlo”.

Un crudo relato

Estando a unos 10 metros de distancia, y sin mediar ninguna advertencia, el carabinero disparó a la parte alta del cuerpo de Damary, quien debió ser asistida por otras personas que estaban en el lugar. Del vehículo policial no se supo más, huyó sin prestar auxilio ni verificar la existencia de lesionados, tal como ocurrió en tantos otros casos. No olvidemos que a Fabiola Campillai la dejaron herida en el suelo y se largaron, como también lo hicieron con Natalia Aravena, Renzo Inostroza, entre otros.

Los mismos manifestantes consiguieron que un auto particular llevase a la adolescente al SAPU de Pedro Aguirre Cerda, desde allí la derivaron a la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador. Días después fue sometida a una cirugía para extracción de los perdigones .

“Soy la primera menor de edad víctima de trauma ocular. Este hecho me cambió la vida” menciona Damary, quien perdió de forma permanente la visión de un ojo y sufrió otras heridas en la parte frontal de la cabeza, hombro y cuello. “En la noche veo menos y debo andar con mucho cuidado. Esto a mi familia le preocupa y siempre está atenta cuando salgo”.

Más datos

El texto redactado por Jara señala que “según el último informe publicado en octubre de este año de la Defensoría de la Niñez, 1.314 menores de edad fueron vulnerados en sus derechos humanos durante las protestas en el marco del estallido social. De estas personas, 35 niños/as y adolescentes fueron víctimas de trauma ocular”.

“Está claro que un ataque así de injustificado y cruel marca la vida de cualquier persona, pero más aún lo es para una adolescente. Damary relata que hace cuatro meses le recetaron antidepresivos y medicamentos para dormir, agrega la directora de Amnistía. “Me costaba quedarme dormida, despertaba a media noche y soñaba cosas feas. Además, al otro día andaba triste y desanimada. No quería nada”, dice la niña.

Lamentablemente tras este episodio de violencia llegó la pandemia, y Damary debió afrontar esta situación en un ambiente de mayor soledad. A esto se suma que tras matricularse en un colegio nuevo al que tan solo alcanzó a asistir tres días, prácticamente no la conocen en su escuela y no ha logrado tener una red de apoyo. “Yo siempre he sido muy tímida, pero ahora me cuesta más conocer y hablar con nuevas personas. Tampoco me gusta que me miren a la cara por lo que me pasó”.

La investigación en este caso, como en muchos otros, ha sido muy lenta. Si bien se logró establecer quiénes estaban a cargo del orden público y la existencia de dos funcionarios (un Suboficial y un Capitán) que hicieron uso de su escopeta antidisturbios aquel día, aún no se sabe quién le disparó a Damary. Por su parte, Carabineros sigue sin hacer un sumario administrativo y se han limitado a negar que funcionarios hayan circulado por el lugar donde fue atacada la adolescente. Sin esta información difícilmente se puede avanzar para esclarecer lo ocurrido.

“La única forma de saber quién disparó a Damary es que los funcionarios policiales que participaron declaren. Ellos se han amparado en su derecho a guardar silencio, y es lamentable porque deberían existir ordenanzas de los altos mandos de Carabineros que ordenen a sus subordinados a colaborar con investigaciones donde se investiguen violaciones a los derechos humanos”, afirma Betsabé Carrasco, abogada que lleva el caso.

¿Qué ha pasado hasta ahora?

A principios de este año, Damary concurrió a hacer reconocimiento del funcionario que le habría disparado pero fue imposible identificarlo; pues el día de los hechos, quien la atacó lo hizo desde el interior de un auto, llevaba casco y otros implementos de protección.

Según la abogada, era evidente que el reconocimiento sería una prueba inútil por la velocidad en que se desarrollaron los hechos. Sin embargo, insiste en la necesidad de avanzar con algunas diligencias pendientes que, tras dos años de ocurridos los hechos, aún no se materializan. La reconstitución de escena es elemental y también lo es la evaluación de las lesiones y consecuencias del ataque por parte de peritos del Servicio Médico Legal bajo el Protocolo de Estambul.

“En la querella interpuesta se pidió que se investigara a los funcionarios policiales por el delito de apremios ilegítimos y, por tanto, contar con el Protocolo de Estambul es sumamente relevante, puesto que tiene por objeto investigar y documentar los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado”, concluye la abogada.

Ajena a los argumentos jurídicos y técnicos, Damary en su tremenda sencillez pide justicia en este caso que es particularmente grave, pues por ser mujer y menor de edad pertenece a estos grupos de especial protección. “Espero que encuentren al culpable y le den una condena porque fue terrible lo que me hizo”.

“Amnistía Internacional hace un llamado urgente al Ministerio Público y a Carabineros a identificar, formalizar y juzgar debidamente al responsable directo del disparo, como también a los mandos implicados en este caso. Por otra parte, la organización ha sido enfática en exigir una reforma estructural de la institución de Carabineros, pues esta entidad está sumergida en una cultura institucional de impunidad que debe ser erradicada de una buena vez. Para esto es imprescindible que la nueva policía asegure un respeto irrestricto al derecho internacional de los derechos humanos y que cuente con un mayor control por parte de las autoridades civiles. Sin esto, y sin un nuevo gobierno que abogue en serio por la justicia, difícilmente se puede asegurar que hechos tan crueles como el ocurrido a Damary, se vuelvan a repetir en el país”, cierra Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile.