- Gerente general de Fundación Portas
Hace unos días conocimos la noticia de que cerca de 40 mil jóvenes perdieron el beneficio de la gratuidad en la educación superior por haber excedido el tiempo formal de egreso de sus carreras. Es una cifra que enciende las alertas y que resulta extraordinariamente preocupante por el elevado número de afectados, que provienen principalmente de planteles del Consejo de Rectores, y porque es un número que aumentará con los años cuando más jóvenes puedan acceder a este beneficio en la educación superior.
Cuando una o un joven se atrasa en titularse, pierde el financiamiento, no puede cubrir el arancel y, lamentablemente, aumenta la posibilidad de que deserte de la educación superior. Y, como siempre en el país, el riesgo es aún más latente en los niveles socioeconómicos más bajos. Precisamente, del 30% de los jóvenes que abandona la educación superior, un 83% es el primer integrante de su familia con la aspiración de convertirse en el primer profesional de su familia, replicándose así las injusticias que dificultan la movilidad social y que nos convierten en un país que, pese a los avances, sigue entregando más oportunidades a quienes tuvimos la suerte de nacer en sectores más privilegiados.
En Fundación Portas celebramos enormemente la gratuidad. Es un gran paso para fomentar la democratización en el acceso a la educación superior, pero también es necesario lograr una mayor permanencia de las y los estudiantes en sus carreras para que puedan titularse y posteriormente ingresar al mundo laboral. De ahí la necesidad de implementar programas de acompañamiento al comenzar sus estudios superiores, que es lo que precisamente desarrollamos en Fundación Portas, para potenciar los talentos, habilidades y potencialidades de nuestros jóvenes becados y evitar la deserción universitaria. También consideramos que es necesario aumentar el plazo de la cantidad de años de la gratuidad, como mínimo un año más, tal como propone el Consejo de Rectores que, según los datos entregados por este organismo, el 60% de los universitarios requiere de un año más para egresar.
Con estas medidas que urge ponerlas en práctica, no se perjudica a las instituciones de educación superior que deberán asumir en el largo plazo grandes pérdidas económicas y, al mismo tiempo, se protege y ampara a miles de jóvenes que sueñan con convertirse en profesionales. Los estudiantes de sectores más vulnerados ya traen una mochila pesada cuando ingresan a la educación superior y es responsabilidad nuestra no ponerle más piedras a un camino ya pedregoso, ni tampoco que tengan que cargar en sus hombros el peso de no poder financiar todo su proceso formativo en la educación superior.
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