Coincidiendo con el día en que la Comisión Ambiental de Coquimbo resolvió aprobar el controvertido Proyecto Minera Dominga, y luego de que se conociera un lapidario informe del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el diputado Raúl Soto (PPD) presentó un proyecto de ley a fin de que se tipifique como delito el dañar el medioambiente.
Como punto de partida, el proyecto establece que el mundo vive una «encrucijada». Esto, en parte, por la emisión de gases de efecto invernadero, la destrucción de los ecosistemas y la ausencia de una legislación específica. De ahí, se argumenta, la necesidad de contar con una legislación que permita perseguir responsabilidades penales en el daño al medioambiente.
“Es momento de rayar la cancha en términos medioambientales. Lamentablemente según el informe, estamos en un código rojo, ya que el calentamiento está afectando a todas las regiones de la Tierra, y muchos de los cambios son irreversibles. Sin embargo, debemos poner todos los esfuerzos en ralentizar y contener el calentamiento global y la destrucción de los ecosistemas y del planeta. En ese sentido, se hace necesario abrir el debate sobre cambiar la actual legislación de nuestro país para que se persiga y castigue penalmente con firmeza la contaminación y el daño medioambiental que sea grave y duradero”, sostuvo el diputado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Medioambiente, Ricardo Celis (PPD), señaló que «si estuviera esta figura penal, probablemente nosotros hubiésemos recurrido contra las autoridades que aprobaron Dominga, por la brutalidad que acaban de hacer. Las personas que dieron su aprobación son representantes,, por vía de los seremi, del Ejecutivo. El Gobierno no ha entendido absolutamente nada, y van con sus amigos a aprobar proyectos de destrucción medioambiental».
Ecocidio al detalle
La iniciativa de ley define “Ecocidio” como “cualquier omisión, acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente».
Según se establece, el delito se sancionaría con pena de presidio menor en su grado máximo y multas de entre 900 y nueve mil UTM, o sea, de $46 millones a $469.917.000.
