La Fundación Jaime Guzmán (FJG) respondió al reportaje de Chilevisión, el que calificó de «irresponsable» y «tendencioso», tras denunciar que diputados de la UDI han pagado más de $333 millones de dineros fiscales a dicha fundación para la elaboración de asesorías externas.
Según la investigación, la práctica se ha repetido durante los últimos años y solo en 2020, fueron 20 los parlamentarios del gremialismo los que han encargado informes a la FJG por un valor de 10 millones de pesos.
La explicación de la Fundación Jaime Guzmán
Mediante un comunicado, la fundación explicó que «el vínculo de la Fundación con el Congreso Nacional se materializa a través de contratos de asesoría externa. En específico, una modalidad de contratación denominada ‘contrato múltiple’, donde existe un solo contrato, suscrito en la actualidad por 20 parlamentarios. Todos los contratos suscritos entre la Fundación Jaime Guzmán y el Congreso Nacional cumplen plenamente con la legislación vigente, habiendo sido auditados y validados por la Contraloría de la Cámara de Diputados».
«Esta modalidad de contratación busca hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, por cuanto permite la realización de una asesoría integral en las diversas comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, con un costo sustancialmente menor al que incurriría cada diputado en caso de contratar un asesor particular, el cual, además, no tendría la capacidad de estar al tanto de cada proyecto de ley que se discute y vota en la Cámara de Diputados», explicaron.
Asímismo, la FJG asegura que «percibe mensualmente por parte de la Cámara de Diputados la suma de $10.400.000 pesos. Con este monto se costea sólo una parte de las remuneraciones, traslados y alojamiento del equipo legislativo hacia Valparaíso, formado por 10 profesionales de las más prestigiosas universidades de nuestro país».
En otro punto, la FJG aseguró que al canal le entregó una minuta explicativa sobre los contenidos de las asesorías, sin embargo la publicación del reportaje «revela que el medio tenía una tesis previa y no le importaron los hechos sino demostrarla a cualquier costo, intentando enlodar de paso el prestigio de instituciones serias».
Y cierran: «El contrato y cada informe de asesoría están disponibles en la página web de la Cámara de Diputados, abiertos al escrutinio de la opinión pública: no hay nada oculto».
