El 12 de septiembre de 2011 un grupo de estudiantes cortó la autopista mexicana Del Sol para manifestarse a favor de un petitorio de la Escuela Normalista de Ayotzinapa. Este demandaba la reparación de instalaciones del recinto, aumento de recursos entre otras cosas. El resultado fueron dos estudiantes asesinados por policías vestidos de civiles. De ahí en adelante el conflicto en la zona sólo ha ido en ascenso hasta llegar a su tope en 2014: la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas que después aparecieron calcinados.
Así es como casi ocho años después del confuso suceso, siguen apareciendo antecedentes pero ningún culpable. El último salió a la luz este jueves e involucra directamente al Ejército. El Grupo de Expertos Independientes (GIEI) declaró que algunos celulares de los estudiantes permanecieron activos incluso días después de la desaparición, pero esos dispositivos nunca fueron rastreados antes.
Los mismos investigadores llegaron a la conclusión de que uno de estos aparatos pertenecía al infiltrado del Ejército Julio César López Patolzon. El estudiante que supuestamente no estaba activo en la institución uniformada habría proporcionado información a la Mesa de Inteligencia del Batallón 50, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Incertidumbre eterna en Ayotzinapa
Distintas son las tesis que han rondado al rededor del caso Ayotzinapa. Para Jesús Murillo, ex procurador General de la República mexicana la desaparición de los 43 estudiantes asesinados tendría que ver con los narcotraficantes. Según su teoría policías municipales entregaron a los jóvenes a un grupo de narcotraficantes. Ellos los habrían matado y quemado en el basurero de Colula.
Sin embargo para organizaciones de derechos humanos que han financiado sus propios estudios balísticos y telefónicos, la culpa es del ejército. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó el año pasado que existen importantes elementos que comprueban la presencia de policías en Huitzuco, la escena del hecho.
