El proyecto de ley Aula Segura provocó la furia de estudiantes secundarios y universitarios que solidarizaron con el tema.
Esta se manifestó a través de marchas y concentraciones, que más razones le daban al alcalde Alessandri para insistir contra los “overoles blancos”.
“No va a resolver todos los problemas, pero sin duda nos da una herramienta para abordar en forma efectiva los hechos de violencia extrema. Nosotros quedamos contentos y creo sinceramente que el proyecto que ingresó fue mejorado en el Congreso Nacional”, señaló en noviembre Alessandri.
Ahora, bajo el nombre “Convivencia Escolar” tiene el camino abierto para ser aprobado en el Congreso.
En su cuenta de Twitter, la ministra escribió: “Sentencia del Tribunal Constitucional declara que proyecto del ley #AulaSegura se ajusta a la constitución. Queda así listo para su promulgación”.
Sentencia del Tribunal Constitucional declara que proyecto del ley #AulaSegura se ajusta a la constitución. Queda así listo para su promulgación.
— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) December 13, 2018
Disputa por Aula Segura
La Aces en una conferencia de prensa realizada el mes pasado manifestó que “esa criminalización empieza con los montajes, estos incendios extraños, estos encapuchados que nadie los detiene, que entran a los liceos, que entran al INBA, están las puertas abiertas, porque la policía está afuera de los colegios”.
Por la otra vereda, el oficialismo y los directores de colegios han celebrado la aceleración de la iniciativa.
Lilian Vicent, directora del Liceo Manuel Barros Borgoño, expresó que “al asumir mi cargo me encontré con una comunidad tremendamente quebrada, con profesores que no querían estar en el aula, con una sociedad chilena muy enfocada en los alumnos violentistas, en darles soluciones, pero nadie se acordó de la mayoría de nuestros ‘borgoños’, que sí quiere clases, que sí está afectado por las manifestaciones, por las consecuencias de las manifestaciones violentas”.
Facultades del director
El 12 noviembre pasado la Cámara de Diputados aprobó en último trámite el proyecto de ley que busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales. Esto en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia.
Además, la propuesta busca salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.
De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, estas conductas pueden ir desde las agresiones o abusos entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.
El director también tendrá la facultad de suspender al alumno como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio. Esto puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.
Además, se incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones.
