Perú despertó el miércoles en medio del choque más intenso de los últimos años entre un presidente peruano y el Congreso.
El gobierno de Martín Vizcarra se enfrentará a un Parlamento de mayoría opositora en una sesión especial del legislativo en la que el poder busca un calendario para lanzar a consulta popular cuatro propuestas que buscan modificar la Constitución y limpiar la corrupción del sistema político y judicial.
Si el Parlamento, liderado por el partido Fuerza Popular, niega los pedidos del gobierno, Vizcarra podría usar el poder que le concede la Constitución para disolver el Congreso, un suceso que ocurrió hace 26 años aunque sin usarse los caminos legales. El gobierno de Vizcarra se ha mostrado dispuesto a conversar con el Parlamento pero no dará marcha atrás en sus pedidos, que considera urgentes para remontar una crisis que afecta a los más de 31 millones de peruanos.
Vizcarra se reunió temprano con sus ministros en el palacio presidencial y luego salió a la puerta para despedirlos antes de que se dirigieran a pie hasta el Congreso, que se encuentra a tres cuadras.
“Estamos yendo con el ánimo al tope, con confianza, con optimismo”, dijo el mandatario quien luego anunció que partiría al norte del país para revisar el avance de una obra hidráulica de irrigación.
El parlamento unicameral, criticado por su lentitud por el mandatario y que goza de una baja aceptación popular, aceleró su trabajo desde el lunes.
En la víspera, el legislativo aprobó una de las reformas constitucionales solicitadas con urgencia hace más de 40 días por Vizcarra, la cual permitirá una mejor elección de jueces y fiscales porque se elevó la exigencia de los electores, quienes serán estrictamente abogados, profesores de leyes o investigadores jurídicos con larga experiencia. Así se eliminó al corrupto y poderoso consejo elector que estaba conformado por arqueólogos, enfermeros y a veces abogados de dudosa reputación que en los exámenes para elegir a los magistrados incluso realizaban preguntas irrelevantes sobre cómo preparar comidas locales, o solicitaban a las postulantes de sexo femenino definir órganos sexuales o declarar su actual estado sentimental.
Varios legisladores criticaron que el proyecto de ley aprobado no tenga vigilancia ciudadana, un aspecto clave para controlar al consejo elector.
Quedan otros tres proyectos de reformas constitucionales que, si llegan a un acuerdo el miércoles, podrían ser debatidos y perfeccionados como máximo hasta el 4 de octubre: prohibir la reelección de parlamentarios, regular el financiamiento privado a las campañas políticas y proponer el retorno a un Congreso bicameral. Perú tiene un congreso unicameral desde 1993.
