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Cada año los gobiernos deben decidir cuánto gastarán en el próximo ejercicio, por lo que envían al Congreso una Ley de Presupuesto. En este proyecto se detallan todos los recursos que necesitará desembolsar el Estado para funcionar, contemplando salarios de todo el personal público, subsidios, recursos para colegios, hospitales, consultorios, etc. Esta ley debe ser votada por los parlamentarios, quienes podrán aprobar el presupuesto, modificarlo o derechamente rechazarlo.
El Estado obtiene ingresos año a año, los que mayoritariamente provienen de la recaudación de impuestos. Sin embargo, estos pueden ser altos o bajos, dependiendo de la economía. Para evitar que el gasto del Estado varíe demasiado de un año a otro, si los ingresos no son siempre cuantiosos, para la elaboración del presupuesto rige una regla llamada “Balance Estructural”. Este mecanismo consiste en determinar el gasto anual con base en los ingresos “normales” y no los efectivos.
Generalmente los gobiernos gastan más que los ingresos “normales”. A esto se llama “déficit estructural”. Imagine una persona que gana $500.000 al mes, pero gasta $600.000. Ese exceso de gasto debe financiarlo de alguna forma. Por lo general, a partir de préstamos. Al igual que este individuo, las empresas, instituciones y el Estado enfrentan el mismo problema.
«Así, el no seguir las reglas, tiene un costo que lo termina pagando la sociedad»
En 2009, producto de la crisis económica mundial, el Gobierno debió aumentar fuertemente el gasto y endeudarse para impulsar la economía, por lo que el déficit fue de 3,1% del PIB (el valor de la producción total realizada en el país). Así, en 2010 el Presidente Piñera asumió con la tarea de sanear esas cuentas, logrando terminar su mandato con un déficit de -0,5% del PIB. En ese contexto, en 2014 la Presidenta Bachelet llegó al poder con la promesa de balancear nuestras finanzas y eliminar finalmente el déficit. No obstante, lejos de lo prometido, su administración lo aumentó y lo llevó a un 1,7% del PIB.
El sábado pasado, a menos de 24 horas del cambio de mando, se informó que el déficit estructural del Estado finalmente no es de 1,7%, sino que es un 2,1% del PIB. Al respecto, la situación de las finanzas públicas preocupa, pues en los últimos cuatro años hemos empeorado la estabilidad de nuestras cuentas y las hemos llevado a niveles de 2010.
El desafío para la nueva administración será reducir este déficit, pues las deudas, tarde o temprano, deben pagarse, pues de lo contrario seguirán aumentando por los intereses. Esto obliga a reducir el gasto, lo que repercute en menos beneficios sociales y menor bienestar. Así, el no seguir las reglas, tiene un costo que lo termina pagando la sociedad. No quienes, tras cuatro años al mando, dejan La Moneda con más deudas que las que encontraron.
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