El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, a cargo de la investigación del caso SQM por delitos relacionados al financiamiento ilegal de la política, pidió audiencia para el sobreseimiento definitivo y parcial de 58 imputados por prescripción del delito.
Según informa hoy La Tercera, el fiscal ingresó la solicitud el viernes al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Se trata de 58 imputados que no han sido formalizados en esta indagatoria iniciada en 2015 por presuntos delitos tributarios vinculados.
Mediante la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas a la minera no metálica SQM y sus filiales, por servicios inexistentes, se habrían financiado campañas políticas. Es un caso similar al Penta, en que también se están buscando salidas alternativas.
Según el escrito de Gómez que publica La Tercera, “en el desarrollo de estas investigaciones y de conformidad con los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Público a través de las denuncias y querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), se identificó un grupo de personas quienes emitieron o facilitaron boletas y facturas falsas a SQM S.A., SQM Salar S.A. y SQM Industrial S.A, incurriendo con esta acción en el ilícito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario”.
De acuerdo al documento, el tipo penal imputado contempla una sentencia no superior a los cinco años de presidio menor en su grado máximo, y se califica como un simple delito que prescribe en igual período.
En el texto se explica que para tomar esta decisión la fiscalía consideró cuatro criterios: la fecha del último documento tributario ideológicamente falso emitido por el imputado; el efecto suspensivo de la prescripción de las denuncias y querellas presentadas por el SII el 2 de abril y 11 de mayo de 2015, el 12 de abril de 2016 y el 16 de abril de 2017; los informes de Policía Internacional para verificar los días en que los investigados estuvieron fuera del país; y el análisis de sus antecedentes penales.
Luego de revisar todos estos puntos, el Ministerio Público llegó a la conclusión que respecto a estas 58 personas “la acción penal se encuentra prescrita”.
La decisión adoptada por Gómez se suma a otra tomada en enero, cuando pidió al tribunal suspender condicionalmente el procedimiento en contra de SQM y sus filiales Nitratos y Salar. Esta causa se basa, según los antecedentes del Ministerio Público, en los cerca de $ 700 millones que habría recibido el entorno de Pablo Longueira mientras era senador en el marco de la tramitación de la Ley de Royalty minero.
El acuerdo se selló el 27 de enero, y a cambio la empresa se comprometió a pagar $ 2.550 millones (una parte para el Fisco y otra a beneficio de instituciones) y a no ser objeto de otra investigación penal.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago respondió a la solicitud de Gómez el sábado, fijando la audiencia para el 22 de marzo a las 10:00 horas.
Entre los imputados para los que la fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo está Diego Perry Aldana, representante legal de Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, empresa que en 2013 facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de Michelle Bachelet.
Los gastos fueron declarados ante el Servel el 3 de septiembre de 2013. De acuerdo a la denuncia del SII, del 2 de abril de 2015, Perry emitió en diciembre de 2009 una factura ideológicamente falsa por $ 58 millones a SQM.
También se solicita el término judicial para una serie de personas ligadas al ex presidente Eduardo Frei. Entre ellos, su hermano Francisco Frei, quien, de acuerdo a la querella del SII del 16 de abril de 2017, como representante legal de Inversiones San Nicolás S.A. emitió una factura a la minera el 12 de marzo de 2010 por la glosa “asesoría proyecto de inversión”, por un total de $ 12 millones.
También es representante legal de Servicios de Envasado y Bodegaje Limitada, sociedad que emitió una factura de $ 45 millones a SQM el 9 de marzo de 2010, la que fue calificada como falsa por Impuestos Internos.
A ellos se suma la petición de sobreseimiento para el yerno del ex presidente Frei, Pedro Yaconi, representante legal de Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, empresa que emitió una factura a SQM por $ 30 millones, cuestionada por el SII.
Gómez también solicitó lo mismo para la ex contadora de Frei, Clara Bensan como representante legal de Publicidad Los Andes S.A. por una factura ideológicamente falsa a SQM mencionada en la querella presentada por el SII el 16 de abril de 2017.
En su caso, sin embargo, ella fue condenada en marzo del año pasado, en un juicio abreviado, por facilitar boletas falsas a través de su empresa Asesores en Gestión Integral Limitada para conseguir aportes para la campaña presidencial de Frei en 2009.
Además, se pidió sobreseer a personas ligadas al círculo de Longueira. Entre ellos, su hijo Jose Tomás Longueira Brinkmann, quien el 21 de agosto de 2009 emitió, según el SII, una boleta ideológicamente falsa a SQM por $ 4.450.333.
Junto a ellos, también aparecen entre los 58 mencionados en el escrito Marco Antonio Quintanilla, dueño de imprenta Imaginarium Ltda., quien fue proveedor de la campaña para senador de Fulvio Rossi en 2009. Además, figura María Valentina Martínez , ex asesora de Rossi.
El abogado querellante Mauricio Daza declaró a La Tercera que “en cualquier causa criminal donde se alega la prescripción, primero se deben investigar los hechos, establecer lo sucedido y después aplicarla, en caso que proceda”.
Agregó que “establecer toda la verdad de lo sucedido es precisamente lo que se ha evitado desde que Gómez asumió la dirección de la causa”.
