Los últimos días las dudas han rondado el caso de un fallecimiento ocurrido en Panguipulli en 2016. Se trata de la activista medioambiental Macarena Valdés, cuyo cadáver fue encontrado en agosto de ese año dentro de su casa, en Liquiñe. Pese a que informes de Carabineros y del Servicio Médico Legal (SML) indicaban que se había tratado de un suicidio, la familia de la joven mostró incredulidad y pidió una segunda opinión.
Así, nuevos antecedentes abren las puertas de una segunda investigación que ya está en curso y a cargo de la fiscal Alejandra Anabalón Zunino.
Uno de esos indicios se centra en una nueva autopsia realizada un año, dos meses y ocho días después de su muerte, ocurrida al interior de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en la Región de Los Ríos. Así lo reveló a Publimetro Luis Ravanal, perito convocado por la familia. El forense estuvo a cargo de pericias en casos tan relevantes como los del ex presidente Salvador Allende y José Tohá.
“La autopsia no presentó ningún signo de hemorragia. Por lo tanto, no es posible demostrar un ahorcamiento en vida”, argumentó el experto. Se trataría entonces de “un cadáver que fue suspendido siendo un cadáver (sic)”.
Las dudas de Ravanal también apuntan a los procedimientos realizados en la autopsia. Según dijo, en un principio la fiscal a cargo del caso negó toda posibilidad de que el perito hiciera algo más que observar.
“La situación fue atípica, porque las partes pueden presentar a sus propios peritos. Que se nieguen a aceptar una segunda opinión no tiene ninguna justificación”, insistió.
Sin embargo, relató, y para sorpresa de quienes asistían al procedimiento, la perito oficial Vivian Bustos Baquerizo le cedió su puesto de participante a Ravanal para dar tranquilidad a la familia.
Bustos ha efectuado peritajes en casos controvertidos, como el que involucró a Martín Larraín, hijo del dirigente de RN Carlos Larraín.
“No sé cual fue su rol (el de Bustos), porque no participa finalmente de la autopsia”, expresó Ravanal.
Los antecedentes
La joven pertenecía a la comunidad mapuche Newen de Tranguil, que mantiene una disputa centrada en la central de paso que las empresas RP Global y Saesa, construyen en Tranguil. Según los integrantes de la comunidad el proyecto hidroeléctrico se está construyendo en terrenos privados y produciría daño ambiental, argumentan. Añaden que las empresas no habrían presentado el estudio de impacto ambiental ni efectuado la consulta indígena que impone la legislación.
Desde la empresa,el gerente comercial de la empresa RP Global, Cristian Linsenmeyer, explicó a Publimetro que el informe no fue entregado debido a lo pequeño del proyecto hidroeléctrico.
