Desde el lunes, en Islandia es ilegal pagar menos a un hombre o a una mujer por realizar el mismo trabajo: a las empresas privadas y entidades públicas que tengan en plantilla al menos 25 trabajadores se les exigirá un certificado de paridad salarial y las que no lo obtengan deberán pagar multas.
La ley ha sido promulgada por la joven primera ministra rojiverde Katrín Jakobsdóttir –una de las 19 jefas de Estado o de Gobierno mujeres que hay en el mundo– que gobierna desde Reikiavik junto al conservador Partido de la Independencia y el Partido Progresista (centro).
Esta ley, aprobada en marzo del 2017 con el consenso entre la centroderecha que en ese momento estaba al poder y la oposición impone la paridad absoluta en cuanto a sueldos: deben ser iguales para hombres y mujeres que cumplan la misma tarea. Eso se respetará en cada empresa que tenga un mínimo de 25 empleados para arriba, en cada ministerio, o en cada institución pública.
La medida es pionera en el mundo: establece la paridad de género a nivel contributivo y constituye un paso adelante de extrema importancia en la pequeña y vital democracia del ya considerado el país más feminista del planeta.
Si alguna empresa no cumple con la ley, las penas establecidas para los empleadores son durísimas, la Lögreglan á Íslandi ( policía femenina) y autoridades tributarias serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la norma.
