En el Juzgado de Garantía de Rancagua se realizará hoy, a contar de las 9 horas, la audiencia de cierre de la investigación del caso Caval, solicitada por la fiscalía, tras vencer la ampliación de 20 días de la indagatoria, concedida por el tribunal el 28 de julio pasado.
La ampliación fue solicitada por los abogados de los imputados Mauricio Valero, Nibaldo Mora y Juan Díaz para la revisión de unos correos electrónicos vitales para la defensa. «Son correos que relatan la comisión de un delito, pero no están en los servidores y no sabemos quién los fabricó», explicó en esa oportunidad Felipe Jiménez, representante de Valero.
Después de que el tribunal confirme el cierre de la investigación, el equipo que encabeza el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, tendrá 10 días para presentar acusación contra las siete personas que decidió llevar a juicio oral, entre ellas Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
La investigación se originó en enero de 2015, tras la compra de Caval de los terrenos en Machalí por $6.500 millones y su posterior venta en $9.500 millones, es decir, han transcurrido dos años y poco más de seis meses de indagatoria.
Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria y esposo de Compagnon, fue investigado en esta causa, pero no ha sido formalizado y al parecer ya no lo será, aunque los tribunales han negado su sobreseimiento definitivo.
Los principales imputados son Compagnon y su socio en Caval, Mauricio Valero. La nuera de Bachelet está formalizada por declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas, mediante facturas falsas, mientras que Valero enfrenta cargos por el mismo delito, además de soborno.
Los otros imputados son el síndico de quiebras Herman Chadwick (vendió los terrenos a Caval), Juan Díaz (ayudó al síndico), Cynthia Ross (arquitecta de la Municipalidad de Machalí), Jorge Silva (director de Obras de la municipalidad) y Marisol Navarrete (esposa de Silva). Además de las personas naturales, la sociedad Caval fue imputada como persona jurídica.
Los ilícitos imputados, según cada cual, son delitos tributarios, ventajas indebidas del síndico, cohecho y soborno. Las penas van de los 541 días a los 15 años de cárcel, pero hay atenuantes que rebajarían sustancialmente las eventuales sentencias.
