El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este martes la «responsabilidad política» del presidente Nicolás Maduro en la grave crisis del país y solicitará a la Fiscalía que investigue si existen razones para abrir un juicio contra el mandatario que lleve a su destitución.
La votación fue aprobada por toda la bancada opositora, después de que los diputados chavistas se retiraran del hemiciclo denunciando un «golpe de estado» y recordando que el «juicio político» (impeachment) no existe en la Constitución y que las decisiones del Legislativo son nulas desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en «desacato».
Horas después, basándose en ese desacato, el TSJ anunció la designación de dos rectoras del Poder Electoral, una decisión que corresponde a la Asamblea, y que profundiza la guerra de poderes en el país.
En un claro desafío al oficialismo, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, anunció esta tarde que por «unanimidad» quedó aprobado el acuerdo que declara «la responsabilidad política del presidente por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación».
El texto contempla pedir al Ministerio Público «que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un antejuicio de mérito contra el presidente de la República», en medio de una aguda escasez de alimentos y medicinas y una disparada inflación.
También se emplazó a una comisión especial que concluya «con la mayor celeridad las consultas» para «declarar el abandono del cargo en la Presidencia», alegando que Maduro incumple con sus funciones constitucionales.
Luego de que el diputado chavista Pedro Carreño tomara la palabra para enfatizar que el TSJ prohibió al Parlamento continuar con la discusión por considerarla ilegal, la bancada oficialista salió en bloque del hemiciclo.
Y en las inmediaciones de la cámara, los legisladores encabezaron un acto que llamaron «juicio popular» a la Asamblea, en el que hicieron varias advertencias contra ese «golpe» de la oposición.
«Deben asumir las consecuencias jurídicas y políticas por el paso que han dado (…) exigimos, en nombre del pueblo venezolano, que las instituciones del Estado actúen para que se respete la Constitución», lanzó antes seguidores el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez.
Posteriormente, el TSJ publicó la sentencia en la que ratificó por seis años más a las rectoras Socorro Hernández y Tania D’ Amelio, quienes debían ser sustituidas tras haber vencido su período.
La designación de los dos nuevos rectores estaba en la agenda de la Asamblea del miércoles.
«Con esa conducta el TSJ reincide en la más grave clase de ‘desacato’: La que ocurre cuando la burocracia desobedece al Pueblo Soberano», denunció el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Twitter.
– Nueva ofensiva sin diálogo ni revocatorio –
Bajando su ofensiva contra el gobierno de Maduro tras la suspensión del referendo revocatorio en su contra, la MUD había pospuesto el juicio parlamentario para facilitar el inicio del diálogo con el gobierno, el pasado 30 de octubre.
Pero hace una semana congeló las conversaciones por considerar que el chavismo incumplió los primeros acuerdos, y en exigencia de una salida electoral a la crisis con la reactivación del revocatorio -congelado el 20 de octubre- o el adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.
Sin que ninguna de esas posibilidades avanzara, la MUD decidió retomar su presión contra Maduro después de críticas internas y de los electores por participar en el diálogo, que el Vaticano y la Unasur -los facilitadores- tratan de reflotar.
La decisión tomada por el Parlamento «es una determinación de responsabilidad, que se considera una simple sanción moral», explicó a la AFP el abogado Pedro Alfonso Del Pino.
«La oposición viene a decir que no claudicó, pero esto va a recalentar el proceso político en Venezuela, va a agravar la situación», advirtió, de su lado, el politólogo Carlos Romero.
Entretanto, el antejuicio de mérito mencionado en la votación se complica por el papel que tienen la Fiscalía y el TSJ, que la oposición considera afines al gobierno y que han protagonizado una lucha de poderes con el Legislativo desde que la MUD asumió la mayoría en enero, tras 17 años de hegemonía chavista.
Ese antejuicio es un largo y complejo proceso que se inicia en el Ministerio Público, que debe establecer si la denuncia es sólida y presentar luego el caso a la Sala Plena del TSJ, cuyos 32 magistrados deben decidir si existen razones para enjuiciar al mandatario.
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