«Decreto Franco Macri» llamaron este jueves varios líderes de oposición en Argentina a la norma firmada por el presidente Mauricio Macri que incorpora a familiares de funcionarios públicos a una amnistía fiscal, la cual beneficiaría a su padre, un poderoso empresario señalado de tener empresas offshore.
Justo el día que el mandatario calificó con «un 8» sobre 10 su gestión, a una semana de cumplir su primer año en el gobierno, todo el arco opositor desde la izquierda hasta la de centroderecha, criticó el decreto publicado el miércoles en el boletín oficial y amenazó con denunciarlo ante la justicia.
Este decreto «está vinculado a su padre», el empresario Franco Macri, y de esta manera el presidente «se amnistía él», dijo Felipe Solá, diputado por el opositor Frente Renovador (peronista centroderecha).
«Vamos a impugnar judicialmente y propondré una comisión bicameral que revise absolutamente el origen de la plata de todas las familias de los funcionarios», anticipó el diputado.
«El gobierno se llena la boca hablando de corrupción ¿y ahora hace esto? El presidente es hijo de un multimillonario», lanzó Solá lamentando «la falta de decoro» en este decreto suscrito por el mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
La exclusión de familiares directos de funcionarios al blanqueo de capitales había sido una condición exigida por el Frente Renovador e incluso por parte de la coalición de gobierno Cambiemos (derecha y socialdemócratas) para votar a favor en el Congreso.
«Es un decreto impúdico», sentenció Alberto Fernández, dirigente del FR y exjefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007).
Franco Macri aparece como dueño de empresas offshore familiares radicadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá. El presidente Macri figura como directivo de una de estas firmas offshore, investigada por la justicia luego de las revelaciones de los Panama Papers a principios de año.
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