La semana pasada un grupo de 20 médicos de las universidades de Los Andes, Católica y Desarrollo se manifestaron frente a La Moneda en contra del proyecto de ley que despenaliza el aborto en caso de violación, inviabilidad fetal y riego vital para la madre.
La manifestación en sí no tuvo nada de particular, cotidianamente de efectúan actos de diversos grupos que plantean sus puntos de vista en la plaza de la Constitución. Tal vez lo que más llama la atención fue la cobertura que tuvo esta manifestación de 20 médicos en los medios de comunicación tradicionales.
Si bien no comparto en absoluto la posición de este grupo de médicos, valoro el que se hayan manifestado para así poder debatir. En los medios de comunicación que le otorgaron extensa cobertura, expresaron su parecer sobre la objeción de conciencia, y francamente me llamo la atención la posición que expresaron al respecto.
El proyecto de ley establece la objeción de conciencia para los médicos que no deseen hacer la intervención del aborto, se respeta de esta manera la libertad que tiene un profesional de no realizar algo que vaya contra sus creencias morales.
Pero el vocero del grupo señaló que “no es suficiente, porque lo único que conseguirá es dividir a los equipos médicos entre objetores y no objetores” (La Tercera, 16 de septiembre). Después cuestiona que eventualmente los servicios de salud no contraten a los médicos que se nieguen a realizar estas intervenciones, amenazando con que los especialistas renunciarían a trabajar en el sector público.
Es decir, la objeción de conciencia no es suficiente para ellos, sencillamente quieren imponer a la gran mayoría de la sociedad su visión anti aborto, catalogándose como defensores de la vida pretenden obligar a las mujeres a la muerte y cárcel por ejercer sus derechos. Creo que están confundidos al arrogarse ser defensores de la vida.
Me parece que un médico que trabaja en el sector público no debería negarse a realizar algo que se ha establecido de manera democrática y que es parte de las políticas públicas de salud.
A pesar de ello, se contempla la objeción de conciencia para que puedan ejercerla en un hospital público, pero la respuesta de este grupo de médicos es amenazar con renunciar, afectando aún más los problemas de especialistas que existen actualmente en los servicios de salud. Realmente una medida irresponsable y poco ética, un chantaje a toda la población.
El Gobierno colocó urgencia al proyecto de ley y la reacción de los sectores de derecha no se hizo esperar. Alegan que se requiere tiempo y calma para un proyecto que fue ingresado al Parlamento en enero del 2015.
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