La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, comenzó a presentar sus alegatos finales en el juicio político que enfrenta en el Senado y afirmó que siente «el gusto amargo y áspero de la injusticia».
Ante los 81 senadores, constituidos en jueces y dirigidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como garante constitucional del proceso, Rousseff insistió en su inocencia y avisó que «no esperen» de ella «el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar con el Estado de Derecho».
«Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional, de concretar un verdadero golpe de Estado», denunció.
«Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder que no cometí crímenes de responsabilidad», dijo.
«Soy acusada injusta y arbitrariamente», insistió Rousseff, que reiteró que las acusaciones de maniobras fiscales en las que se basa el juicio político en su contra son «pretextos para derribar a un gobierno legítimo» y «viabilizar un golpe» amparándose en la Constitución.
Recordó que su compromiso político se remonta a los años de lucha contra la dictadura militar, cuando fue torturada y encarcelada, un periodo en el que «tenía miedo de la muerte y de las secuelas de la tortura». «Pero no cedí, resistí», agregó.
Ahora, «a los casi 70 años, después de ser madre y abuela, nunca renunciaría a los principios que siempre me guiaron: Tengo un compromiso con mi país, con la democracia y el Estado de Derecho».
«He sido intransigente en la defensa de la honestidad y la gestión pública», subrayó.
«No lucho por mi mandato, por vanidad o apego al poder», añadió. «Lucho por la democracia, por la verdad y la justicia, por el pueblo de mi país», afirmó la presidenta suspendida de Brasil, que se mostró serena y utilizó un tono firme en su discurso ante el pleno del Senado.
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