Continuamos con esta serie de columnas sobre el sistema de pensiones y desde ahora nos dedicaremos a analizar las propuestas que realizó el Gobierno el pasado 9 de agosto, a raíz de las masivas manifestaciones ciudadanas que solicitan una mejora a las pensiones.
Para contextualizar el momento actual, es importante tener en cuenta que el Gobierno inició su mandato con una autoimpuesta evaluación al sistema de pensiones con la denominada Comisión Bravo. Este grupo de expertos entregó sus 58 medidas en un extenso informe que vio la luz exactamente hace un año, sin ser tomadas en cuenta por el Gobierno, ya que contenía medidas impopulares para mejorar las pensiones dentro de las que destacan aumentar la edad de jubilación de las mujeres, aumentar el ahorro en un 4% y aumentar el tope imponible entre otras recomendaciones.
No obstante, la voz ciudadana se hizo escuchar y el Ejecutivo tuvo que volver a considerar esas propuestas. De esta forma, a través de una cadena nacional, la primera medida anunciada por la Presidenta de la Republica estableció un aumento gradual en la tasa de cotización por un 5% a cargo del empleador, con el objetivo de aumentar el ahorro individual y por otra parte crear un pilar de ahorro colectivo solidario.
La discusión se ha centrado precisamente en este punto, ya que algunos personeros de Gobierno esperan que una gran parte de este 5% sea solidario, mientras que otro sector considera que debería ser una mínima parte solidaria y otro gran porcentaje debiese ir a la cuenta individual de cada trabajador.
Los dardos apuntan al carácter de impuesto que tendría este aumento del 5% del ahorro, el cual tendría un efecto muy negativo especialmente para las personas de menores ingresos. A modo de ejemplo, consideremos una persona que tiene un sueldo imponible de $500.000. Esta persona hoy en día no paga impuestos por su salario, ya que se encuentra bajo el primer tramo de impuestos personales del 4% que se sitúa para rentas que van desde los $620.986 hasta $1.379.970. En este caso, actualmente ahorra $50.000 para su cuenta de capitalización individual en su respectiva AFP, el que pasará a ser en el futuro de $75.000. Sin embargo, no sabemos si de esos $25.000 extra, irán $15.000 o $20.000 para un pilar solidario.
Esto sería absolutamente injusto, ya que en Chile el pago de impuestos es proporcional al nivel de ingresos percibidos, llegando a una tasa del 40% en la actualidad para rentas sobre los $6.900.000. Entonces ¿porque una persona que gana $500.000 va a tener que pagar $10.000, $15.000 o $20.000 para financiar una pensión solidaria? Además, muy probablemente una persona que gana $500.000 no sea beneficiaria en el futuro de esta pensión solidaria. En consecuencia, nuevamente la clase media chilena va a ser la que se vea mayormente perjudicada por el diseño errado de políticas del Gobierno de turno.
Si finalmente en estos momentos no alcanza la billetera fiscal para financiar todas las demandas ciudadanas, entre ellas educación y salud, por qué no hacemos un nuevo acuerdo país y aumentamos los impuestos personales en 1% o 2% para financiar las pensiones y el 5% lo ahorramos en las cuentas individuales?. De esa forma las personas que ganan menos de $620.986 aumentarán realmente su ahorro y las personas de mayores ingresos financiarán solidariamente mejores pensiones para los chilenos. Nuevamente esto puede que no sea muy popular, pero sin duda será mucho más justo.
Sergio Tricio
Gerente general de Ruvix
@stricio
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