La Comisión Europea impuso una multa de 458 millones de euros (495 millones de dólares) a Volkswagen, Stellantis y 13 fabricantes de automóviles por su participación en un cártel de reciclaje de vehículos fuera de uso. La investigación, que se inició con una redada hace tres años, reveló que las empresas y la asociación de fabricantes ACEA coordinaron prácticas anticompetitivas entre mayo de 2002 y septiembre de 2017.
Según la Comisión, los involucrados acordaron no competir en la promoción de la reciclabilidad de sus vehículos y ocultaron información sobre el porcentaje de materiales reciclados en sus nuevos modelos. También pactaron no remunerar a los desmanteladores de vehículos, a pesar de que las normativas europeas obligan a los fabricantes a cubrir estos costos para garantizar la disposición gratuita de los autos en desuso por parte de sus propietarios.
Montos de las multas
La multa más alta recayó sobre Volkswagen, con 127,69 millones de euros, seguida de Stellantis, con 99,5 millones de euros. Renault-Nissan fue sancionada con 81,46 millones, Ford con 41,46 millones y otras compañías, como Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, General Motors, Suzuki y Volvo, también fueron penalizadas.
Mercedes-Benz evitó la multa al ser la empresa que alertó a las autoridades sobre la existencia del cártel. La ACEA, por su parte, recibió una sanción de 500.000 euros.
Declaraciones y consecuencias
La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de competencia, Teresa Ribera, declaró: “No toleraremos cárteles de ningún tipo, incluidos aquellos que suprimen la información al consumidor y limitan la demanda de productos más ecológicos”.
Las empresas reconocieron su participación en las prácticas anticompetitivas, lo que les permitió obtener una reducción del 10% en sus multas. Stellantis afirmó en un comunicado que cooperó con la investigación y que ya había provisionado la cantidad correspondiente en sus resultados financieros de 2024.
Esta sanción refuerza la vigilancia de la Unión Europea sobre el sector automotriz en materia de competencia y transparencia, mientras continúa su supervisión sobre prácticas ambientales y comerciales en la industria.