Aunque la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) entró en vigencia en 2023, muchas empresas aún desconocen que están obligadas a cumplirla. Particularmente, los consumidores industriales (CI) —empresas que generan residuos de envases y embalajes en sus procesos productivos— deben declarar mensualmente sus residuos, gestionarlos a través de prestadores autorizados y asegurar su valorización. El plazo para regularizar la situación vence en mayo y las sanciones por incumplimiento pueden superar los $8 mil millones.
“La Ley REP también involucra a los consumidores industriales. Si no gestionan adecuadamente sus residuos, arriesgan sanciones severas”, advierte Nelson Urra, gerente general de GIRO, sistema colectivo de reciclaje que actualmente gestiona más de 220 patios traseros a lo largo del país: “nuestra labor ha sido acompañarlos con la tecnología adecuada para asegurar la trazabilidad y facilitar su cumplimiento normativo”, agrega.
Actualmente se está cerrando el proceso de declaraciones del segundo año de esta regulación. GIRO destaca por haber cumplido el 100% de las metas de recolección domiciliaria durante los primeros dos años de vigencia de la ley. A medida que más empresas se integran, también lo hacen las metas. En el caso de las no domiciliarias —también cumplidas por GIRO—, estas aumentaron en un 671% respecto al primer año, lo que demuestra que el desafío es cada vez mayor.
El llamado es urgente: aunque todavía hay tiempo para cumplir, el plazo para sumarse a GIRO vence el 30 de abril. Luego, en mayo, comienzan las declaraciones oficiales ante la autoridad ambiental.
Para las empresas rezagadas, aún es posible evitar las millonarias multas y sumarse a un modelo de gestión que ya está marcando diferencia en el cumplimiento de la Ley REP.
