El Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó la demanda interpuesta por la sociedad Inversiones Las Arenas Ltda. y Álvaro Jadue Melnick, quienes administran el centro comercial Patio Bellavista. Los demandantes acusan al Fisco de Chile de falta de servicio y solicitan una indemnización que supera los $13.000 millones por los daños sufridos a raíz del estallido social de 2019.
En la demanda que precisa La Tercera, se argumenta que “el centro gastronómico y cultural no habría podido operar de manera regular atendido las constantes manifestaciones”. Esto, según los demandantes, causó serios perjuicios económicos. También se menciona que las autoridades “se acostumbraron a una dosis de violencia” y por lo tanto “renunciaron a recuperar el área de la ciudad”, permitiendo que Plaza Baquedano se convirtiera en “una verdadera zona de sacrificio”.
Argumentos del CDE
En respuesta, el CDE solicitó al tribunal que desestimara la demanda en su totalidad, argumentando que los hechos descritos ocurrieron hace más de cuatro años, lo que implica que la acción legal está prescrita. El organismo precisó que “la presente demanda fue notificada al Fisco de Chile recientemente, con fecha 30 de diciembre de 2024”, mientras que los hechos que sustentan la demanda ocurrieron antes del 30 de diciembre de 2020.
Además, el CDE negó que existiera una falta de servicio por parte del Estado. Afirmó que “Carabineros estuvo siempre presente en el sector de Plaza Baquedano y sus alrededores”, y que “no existió la denominada Zona de Sacrificio”.
En este sentido, el CDE destacó que las fuerzas policiales enfrentaron una situación excepcional debido a la violencia desatada durante el estallido social y posteriormente por la pandemia, lo que llevó a la necesidad de reorientar recursos.
El CDE también argumentó que los daños económicos sufridos en el sector no pueden ser atribuidos a la acción u omisión del Estado, ya que “las conductas que provocaron daños en el sector fueron todas perpetradas por terceras personas, desvinculadas absolutamente de los órganos estatales”.
El organismo resaltó que la disminución en la actividad comercial podría atribuirse a múltiples factores, como la crisis sanitaria, la inflación y los cambios en los hábitos de consumo. “La pérdida o disminución de la potencialidad comercial de un área urbana no es civilmente atribuible a los órganos del Estado”, concluyó el CDE.
Cuestionamiento a las indemnizaciones
El CDE también cuestionó las elevadas sumas que los demandantes reclaman por daño moral. Inversiones Las Arenas Ltda. solicita $150 millones, mientras que Álvaro Jadue Melnick exige otros $50 millones. Según el CDE, estas cifras no están justificadas, especialmente si se comparan con casos más graves que han sido resueltos por los tribunales chilenos.
El CDE afirmó: “Todas estas cantidades distan mucho de aquellas que piden los demandantes en estos autos, a pesar de que el daño moral que alegan haber sufrido es ostensiblemente inferior en compararlo con la muerte o desaparición de un familiar”.
Para evidenciar esto, el organismo mencionó varios ejemplos de indemnizaciones en casos de violaciones a los derechos humanos y otros incidentes graves. En uno de los ejemplos citados, tras la desaparición forzada de una persona durante la dictadura, la Corte Suprema ordenó pagar $25 millones a cada hijo de la víctima. Asimismo, en el trágico accidente aéreo del CASA 212 en Juan Fernández, se indemnizó con $100 millones a los padres que perdieron a sus hijos. El CDE subrayó que los montos solicitados en esta demanda, donde no se discute la pérdida de vidas humanas, son incluso mayores que en casos donde sí se han presentado muertes o desapariciones.
Además, el organismo indicó que la demanda carece de una explicación clara sobre el supuesto daño moral. No se detalla cómo afectó emocionalmente a los demandantes ni se presenta evidencia concreta del sufrimiento, lo cual es crucial para sustentar una reclamación de este tipo. El CDE alertó que aceptar indemnizaciones de tal magnitud sin pruebas claras podría abrir la puerta a una responsabilidad del Estado en cualquier problema económico, aun cuando no exista una conexión directa. Según el CDE, esto transformaría al Estado en una especie de “aseguradora universal”, lo que no sería adecuado ni razonable.
