Pese a que un falta una instancia de apelación ante la Corte Suprema, la cual será usada por la defensa de la exmandataria Cristina Fernández, el Gobierno argentino informó que se quitará la jubilación que recibía por su condición de expresidenta, al igual que la pensión por el fallecimiento de su esposo el exmandatario Néstor Kirchner.
La información fue dada a conocer por el vocero de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, luego que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la condena de seis años de cárcel contra Fernández por administración pública fraudulenta.
Adorni señaló que “por orden del Presidente de la Nación, Javier Milei, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como ‘jubilación de privilegio’, que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión del fallecido expresidente Nestor Kirchner”.
Asimismo, añadió que “el beneficio previsto por la ley 24 018 para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño del cargo”.
Sin embargo, en el Gobierno argentino indicaron que “la señora Cristina Kirchner fue condenada en la causa ‘Vialidad’ como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”.
Condena
El mayor tribunal penal de Argentina ratificó el pasado miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado impuesta en 2022 a la expresidenta Cristina Fernández.
La medida no implica que la también exvicepresidenta (2019-2023) y titular del peronismo pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema.
Fernández recibió a fines de 2022 la condena de cárcel impuesta por un tribunal federal que consideró que cometió fraude al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015). La entonces vicepresidenta consideró que era víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.
El empresario de la construcción Lázaro Báez, de la provincia sureña de Santa Cruz, y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora ese fallo en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires, a la cual Fernández y los otros condenados no asistieron.
