“Absurdamente largo”, “fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista”, son solo algunos de los calificativos con que The Economist llamó este miércoles a Rechazar el proyecto constitucional que fue entregado el lunes recién pasado al presidente Gabriel Boric.
En un artículo titulado “los votantes deberían rechazar el nuevo borrador de constitución de Chile”, la conocida publicación inglesa comienza recordando el escenario de protestas que se desencadenaron desde el estallido social y que contenían una serie de demandas en materia de pensiones y salud, situación que habría llevado a muchos a adjudicar “los males de Chile en un solo documento”, la Constitución de 1980.
Con respecto a ese texto señalan: “la antigua constitución chilena no era perfecta. De hecho, ha sido modificada casi 60 veces. Pero comparada con la que se propone sustituir, es un modelo de claridad. Y lo que es más importante, el antiguo proyecto de gobierno funciona. En lugar de desechar la vieja constitución, los chilenos deberían desechar la nueva (...) Este enfoque puede resultar poco inspirador para quienes salieron a las calles en 2019 y 2020. Pero a largo plazo es mucho más probable que haga que Chile sea próspero y gobernable”.
The Economist también se dio el tiempo de relatar a apertura del ex gobierno de Sebastián Piñera a abrir un camino para un borrador de nueva Constitución, y la posterior elección de los constituyentes, mayormente de movimientos sociales que de los partidos establecidos. El texto señala que el resultado de ello, “es absurdamente largo, con 488 artículos. También es fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista”.
“Para ser justos, éste omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea, la que estaba dominada por izquierdistas. Esto incluía la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del PIB) y la supresión de la Cámara Alta. El banco central mantiene su independencia, aunque se han ampliado sus competencias para incluir ‘la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural’”, indica el texto.
En resumen, The economist afirma que “en general, el borrador es un lío confuso”. Incluso, menciona que está lleno de “lenguaje impreciso”, como que “la naturaleza tendría derechos”, o que se menciona “39 veces” la palabra “género”, y que las sentencias judiciales, la policía y el sistema nacional de salud tendrán que operar con “perspectiva de género, lo que no se define”.
Crítica a modelo económico
“El documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la Constitución actual”, asegura el artículo. Entre otras cosas, “dice que todo el mundo tiene derecho al trabajo y que se prohíbe toda forma de precariedad laboral”, lo que según The Economist, “podría dificultar el despido”.
“La compensación por las tierras expropiadas no sería a precio de mercado, sino a lo que el Congreso considere justo”, sostiene el texto. Así también la revista pone el foco en que el proyecto “crea un portafolio de derechos socioeconómicos que podría disparar el presupuesto”, y frente al sistema político, critica que “los controles legales de frenos y contrapesos del gobierno se diluirán”.
