Como una forma de evitar que las isapres hicieran alzas excesivas en sus planes cada año, durante el gobierno pasado se estableció un máximo para el aumento anual. Pero la idea, en un principio positiva para los usuarios, podría tener una arista muy negativa, pues tal como está hasta ahora la norma podría comenzar a dar la razón a estas empresas, y no a los clientes, como ha sido hasta ahora, en los juicios por alzas. Las instituciones podrían defenderse en tribunales con el argumento que no superan lo dicho por la normativa.
Hasta antes de esta ley, la 21.350, publicada en junio, cada isapre establecía alzas, pero ahora es la Superintendencia de Isapres la encargada de fijar ese tope, que esta vez es de 7,6%.
Por eso, el senador DC Iván Flores, integrante de la Comisión de Salud, se reunió con el nuevo superintendente, Víctor Torres, para ver, por un lado, si esa cifra es modificable y, por otro, la forma -y la disposición- de dejar por escrito el derecho de los usuarios a reclamar por las alzas.
“Conversé con el senador Flores a propósito de su preocupación por cómo se ha calculado por parte de la Superintendencia el alza de los planes de Isapre. Desde que asumí, hemos estado revisando precisamente cómo se generó este indicador y estamos viendo si existe la posibilidad de, ya sea por vía administrativa o por reforma legal, hacernos cargo”, declaró Torres.
Y agregó: “Siempre tiene que existir la garantía de que las personas puedan reclamar respecto de una decisión como esta”.
En tanto, el senador Flores compartió que “le manifesté al superintendente la preocupación por esta alza de 7,6% de un paraguazo y cómo eso complica a las familias”.
Respecto del derecho a reclamar, el parlamentario comentó que “debemos revisar la norma, porque el derecho al reclamo, sea por vía judicial o no, es un derecho de la ciudadanía. Si hay que hacerlo vía modificación legal, lo haremos desde el Congreso”.
