Las subsecretarias de Salud Pública, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell, a nombre del Gobierno, presentaron una denuncia contra el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil, por apropiación indebida, tras haber sido inoculado con una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.
La denuncia se presenta luego que Gil fuera vacunado con una tercera dosis de Pfizer-BioNTech, aunque había completado sus dos dosis con Sinovac.
Según el texto ingresado a la Fiscalía Oriente, “además de configurar la comisión de delitos, perjudica directamente a grupo más vulnerable de nuestra población a quienes se destina dicha inoculación, esto es niños, niñas y adolescentes”.
El documento afirma que Gil “habría realizado acciones directas a asegurar la impunidad de su actuar”, tales como la solicitud de un certificado médico y el despido de la enfermera que informó a la autoridad sanitaria sobre el caso.
