El senador Alejandro Navarro (PRO) hizo un alto en su proceso de recuperación, luego de la operación a la que se sometió en noviembre pasado, para anunciar que votará en la discusión del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11, después de que el Gobierno de Sebastián Piñera le pusiera discusión inmediata en la Cámara Alta.
«Son insólitas las prioridades del Gobierno. Cuando existe hambre, angustia y pobreza en los hogares chilenos, pone discusión inmediata para legislar el TPP-11, que representa más saqueo, más entreguismo y un cheque en blanco para hacer y deshacer con nuestros recursos. Mi voto en contra estará y será no y no», afirmó Navarro.
El parlamentario por la Región del Biobío indicó que está preparando el texto con que hará la presentación ante el Tribunal Constitucional y señaló que se encuentra reuniendo las firmas para su ingreso.
Los argumentos presentados por Navarro que sustentan la reserva de constitucionalidad, dicen relación, entre varios puntos, a que los capítulos 9 y 28 del Tratado, disponen el sometimiento a tribunales arbitrales internacionales, y que, para la aprobación legislativa de tal norma, «el Poder Legislativo debió haber sido autorizado por una norma constitucional expresa», señala.
Además, sostuvo que el TPP-11 al otorgar jurisdicción a tribunales internacionales para revisar causas de inversionistas extranjeros por sus inversiones en territorio chileno, modifica la Ley Orgánica Constitucional de la Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia, y que «al modificar la jurisdicción de los tribunales chilenos, antes de enviar el TPP-11 al Congreso Nacional, se debió oír previamente a la Corte Suprema, porque así lo dispone perentoriamente el artículo 77 de la Constitución, trámite que no se realizó».
Del mismo modo, el senador del PRO manifestó que el capítulo 20 del TPP-11 contiene disposiciones que privilegian el comercio y la inversión por sobre el cuidado del medio ambiente. «Una ley u otra disposición chilena, de carácter medioambiental, puede ser considerada como una restricción ‘encubierta’ al comercio y la inversión, por lo que adolece de inconstitucionalidad de fondo, por violar el N° 8 del artículo 19 de nuestra ley fundamental, que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación», precisó.
