El secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, ha pasado años esquivando golpes legales y de relaciones públicas que podrían haber echado a otros de la política.
Sin embargo, el republicano ha demostrado ser muy astuto para sus oponentes políticos y acusadores, ganando la reelección y alcanzando una prominencia nacional como un cruzado conservador, incluso bajo sospechas de delitos graves.
No obstante, las acusaciones criminales de los principales ayudantes de Paxton le han llevado a enfrentarse a un nuevo y formidable oponente: un fiscal federal con un equipo de experimentados agentes del FBI y una larga trayectoria de enviar a prisión a funcionarios públicos corruptos.
Paxton no ha sido acusado de ningún delito en los meses que han pasado desde que ocho altos funcionarios de su oficina lo denunciaron al FBI por soborno, abuso de poder y otros delitos presuntamente cometidos para ayudar a un donante adinerado que intentaba eludir su propia investigación federal.
Los investigadores federales están investigando las acciones del secretario de Justicia y sus relaciones con Nate Paul, un empresario de bienes raíces de Austin que dio empleo a una mujer con quien se dice que Paxton tuvo una relación extramatrimonial.
La investigación estaría a cargo del subsecretario de Justicia de Estados Unidos Joe Blackwell, cuya oficina está en San Antonio, según una persona familiarizada con la investigación y que insistió en guardar el anonimato porque la investigación está en curso.
Paxton ha negado haber cometido delito alguno. Su reciente y fallida demanda por tratar de anular las elecciones presidenciales ha generado dudas sobre si en realidad buscaba la protección de un poderoso aliado: el presidente Donald Trump.
Un fiscal duro pero justo
La oficina de la secretaría de Justicia de Estados Unidos para el oeste de Texas se negó a hacer comentarios y a permitir que Blackwell diera una entrevista. Generalmente los fiscales federales y el FBI no confirman las investigaciones en curso.
Blackwell, que coordina casos de integridad pública en una región que se extiende a más de 800 kilómetros (500 millas) hasta El Paso, es un fiscal duro pero justo, según excolegas y abogados opositores por igual. Tiene una habilidad especial para resumir los hechos complejos de las investigaciones de cuello blanco, una conducta realista y un ligero acento de Luisiana que lo hace ganarse la simpatía de los jurados.
”Él es probablemente el mejor abogado litigante que he visto”, dijo Sean O’Connell, un abogado de Virginia que trabajó con Blackwell como fiscal federal en Texas.
El caso más destacado de Blackwell, de 45 años, fue el juicio al exsenador estatal Carlos Uresti en 2018, en el que el exlegislador fue procesado bajo cargos de lavado de dinero y fraude.
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