Archisabido es que la situación de las cárceles chilenas no es de las mejores, razón por la que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, efectúa con periodicidad completos estudios acerca de los centros penitenciarios nacionales.
Esa es una de las tareas que se le encomendó al organismo creado en 2009 bajo el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, refrendada por la Ley 20.405 que indica que el INDH debe efectuar “el monitoreo y observación de las condiciones de vida de quienes están privados/as de libertad en las cárceles en Chile”.
Y desde 2013 el INDH, que encabeza desde el 2019 y por tres años el abogado Sergio Micco, ha revelado a través de sus Estudios de Condiciones Carcelarias lo que ocurre al interior de esos lugares.
El primer informe abarcó el periodo 2011-2012 y consignó a 44 establecimientos. Luego, las observaciones de esas mismas cárceles se plasmaron en el segundo estudio, publicado en 2017 y que abarcó los años 2014 y 2015. El tercer trabajo fue dado a conocer en 2018 para el periodo 2016-2017, incluyendo por primera vez a 40 recintos que no habían sido monitoreados en las versiones previas.
Y ahora el INDH presenta un nuevo estudio, al que Publimetro tuvo acceso exclusivo, que muestra los resultados de las inspecciones realizadas en 2018 a 36 cárceles del sistema cerrado de Gendarmería, abarcando a diez regiones y a la totalidad de sus respectivas prisiones, trabajo de más de 300 páginas en el que se efectúa un diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en la privación de libertad.
Una «crisis estructural»
Fueron chequeadas una cárcel de la Región de Arica y Parinacota, tres de Tarapacá, cinco de Antofagasta, tres de Atacama, cuatro de Coquimbo, ocho del Maule, una de Los Ríos, cuatro de Los Lagos, cuatro de Aysén y tres de Magallanes y Antártida Chilena.
A partir de los resultados obtenidos, formularon varias recomendaciones al Estado y a los órganos competentes, tendientes a la superación de aspectos deficitarios.
“Este es el cuarto estudio del INDH al respecto, pero lamentablemente en varios temas persisten las mismas cuestiones que hemos constatado antes y que han sido señaladas por otros organismos. Por ejemplo, en la mitad de las cárceles de Chile hay hacinamiento o sobreocupación. También se mantienen circunstancias degradantes, como que en una cantidad importante de cárceles no se asegura acceso al agua ni al baño de manera continua, y que haya plagas. En diversas cárceles no existen cubiertos ni bandejas para alimentos, y los presos deben comer con las manos. Todo eso es inaceptable para un país que se dice respetuoso de los derechos humanos”, señala Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH.
El profesional agrega que “en el actual contexto de pandemia por el coronavirus, ese hacinamiento y las malas condiciones de habitabilidad hacen aumentar el riesgo de enfermedad para las personas privadas de libertad y para los propios gendarmes. Y si bien el Estado ha adoptado medidas respecto a ello, no han sido las suficientes”.
El abogado precisa que “la crisis del sistema penitenciario chileno es estructural y no es solo responsabilidad de Gendarmería. Incluso sus funcionarios deben sufrir las malas condiciones higiénicas que existen en diversas cárceles, por ello se necesitan medidas de parte de los diversos órganos del Estado que puedan abordar esta crisis de manera estructural…. Los presos no son “el otro”, pueden ser cualquier miembro de nuestras familias”.
“Los niños y niñas que tienen a su madre cumpliendo prisión lo saben en carne propia. Las condiciones deben respetar su dignidad, se haya cometido el delito que sea. ¿Y si el delito es reiterado y grave? La pena es más alta, pero el castigo no puede ser inhumano. Las personas pierden su libertad, no su calidad de persona o sus derechos. Y eso corre también durante la pandemia. No hay que olvidar que de acuerdo a los tratados de derechos humanos, la finalidad de la pena es la reinserción social. Pero en Chile el Estado no adopta las medidas para que ello se cumpla”, cierra el representante del INDH.
Resumen nacional al 2018
Pese a que este nuevo estudio del INDH abarcó a una parte del país, entregó un resumen del país que indicó que al 31 de diciembre de 2018 en los 83 recintos del sistema cerrado de Gendarmería había 40.908 personas privadas de libertad, con un 91,7% de hombres y un 8,3% de mujeres. Y según su calidad procesal, existían 67,5% condenados/as, 32,5% imputados/os y 0,01% procesados/as.
La población penal se concentraba en la Región Metropolitana, con 14.950 personas, lo que implicaba el 36,5% de todos los reos del país. Seguía la Región de Valparaíso con 4.517, el 11% nacional.
Del total de 83 cárceles, 42 mostraba un porcentaje de ocupación superior al 100%, el 50,6% del total de los penales. De ellos, 19, el 22,9%, tenían un nivel de hacinamiento crítico sobre el 140% de ocupación, once presentaban un nivel de hacinamiento alto (entre 120 y 139%) y doce mostraban un nivel de sobreocupación, de entre 100% y 119%.
Algunas de las recomendaciones
El INDH dividió las 63 recomendaciones que efectuó al Estado y a los órganos competentes en urgentes, normativas, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y abarcan todos los aspectos de la vida carcelaria
Entre las primeras destaca algo obvio: disminuir los niveles de ocupación de las cárceles, módulos y celdas. También restringir y eliminar por completo el uso de celdas de castigo y/o aislamiento; garantizar el acceso a cama, incluyendo catre, colchón ignífugo, frazadas y sábana; garantizar el acceso a servicios higiénicos y al agua durante las 24 horas; proporcionar cubiertos y platos, y mejorar los procedimientos de distribución de alimentos; disminuir las horas entre la última comida del día y la primera del siguiente; garantizar el acceso a la salud a los reos; eliminar las sanciones extrarreglamentarias y/o modificar las políticas de revisión corporal a visitas, eliminando exámenes intrusivos y desnudamientos en niños/as, adolescentes y personas adultas.
Y las recomendaciones a largo plazo son sobre el trato entre funcionarios/as y personas privadas de libertad, para respetar y garantizar el derecho a la integridad física de los presos por medio sistemas de vigilancia a través de cámaras; implementar talleres, actividades recreativas y deportes; equiparar las condiciones carcelarias de la privación de libertad entre hombres y mujeres, y garantizar el derecho al trabajo de los reos.
Datos duros
-23 cárceles de las que observó el INDH no garantizan acceso a agua ni baño durante las 24 horas del día.
-12 cárceles presentaron plagas, que incluyen ratones, chinches y pulgas, entre otros bichos.
-117 fallecimientos dentro de los penales hubo en 2018, las que correspondieron en un 98,3% a hombres.
-29 recintos penitenciarios cuentan con habitaciones para vísitas íntimas o venusterios. En los que no hay esos espacios son utilizadas las celdas comunes.
-61% de las cárceles reportan sanciones extrarreglamentarias entre los presos, o «pago al contado»: distintos tipos de golpes de puño, de luma, fierrazos, rodillazos y aplicación de gas pimienta, entre otros.
-69 cárceles tienen reos de pueblos originarios, lo que equivale al 83,13% del total de los recintos. El 3,6% de la población penal es indígena.
