Este jueves se detuvo a un sexto involucrado en el caso en que se investiga la venta de un fusil AK-47 ruso y de un cargador de 36 balas. Armamento de guerra que se comercializaba por la módica suma de un millón y medio de pesos.
La audiencia de formalización de cinco de los imputados (realizada el miércoles 19 de febrero) se declaró secreta y el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la prohibición de informar las identidades de los imputados por 40 días. Todo, para mantener en resguardo los antecedentes de la indagatoria.
Pese a ello, se conocieron detalles de las identidades de los presuntos responsables y también algunos de sus antecedentes. Tal como dio cuenta radio Biobío, los detenidos vivían en el sector oriente, pertenecen al segmento ABC1 y son simpatizantes de la dictadura militar de Pinochet. Debido a eso, el que se tomaran «resguardos» y que el gobierno no se querellara por Ley de Seguridad del Estado, causó extrañeza. Al menos así lo reflejaron diferentes usuarios en redes sociales.
En 2012, tras golpear a otro dueño de fundo en el Club Social de Victoria (pelea entre futres), a Jorge Temer se le incautó un verdadero arsenal que incluía fusiles de asalto, lanzacohetes, etc. Obvio pasó piola como "coleccionista". Hubiera sido mapuche se lo faenan. pic.twitter.com/l454pDglv7
— Pedro Cayuqueo (@pcayuqueo) February 19, 2020
Imaginen un momento que a jóvenes de primera línea se les hubieran descubiertos estas armas. Qué habría pasado? https://t.co/fjxo87OdOU
— Claudio Nash (@cnashr) February 19, 2020
Un ex mirista habla y escribe una sartalada de nostálgicos llamados a la subversión, va el Gobierno y le aplica Ley de Seguridad Interior del Estado. Un grupo de pinochetistas nostálgicos compran un AK47 (armamento de guerra) y no se les aplica LSE. ¿La ley es para algunos?
— Gabriel Alemparte (@jgalemparte) February 19, 2020
El caso hizo ruido
El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, cuestionó parte de las disposiciones. Aunque recalcó que es su opinión personal, pues en la organización que encabeza no se ha conversado en detalle el asunto, sostuvo que impedir la divulgación de la identidad de imputados «no es una medida que yo apoye».
Explicó que, para él, al aplicar esta «restricción», los jueces «confunden» la disposición de presunción de inocencia. Ese es el argumento bajo el cual se aplica la medida, pero para Uribe, eso sólo aplica en lo que dice relación con el trato que recibe la persona que está siendo investigada. «Ese trato que debe recibir, como imputado y no como condenado, no tiene nada que ver con la difusión noticiosa que hacen los medios de comunicación«, sostuvo en conversación con Publimetro.
En ese sentido, agregó que «los jueces entran en una área que no les corresponde, que es la política comunicacional que tiene cada medio de comunicación. No tienen porqué dar instrucciones respecto de cómo se debe entregar la información (…) Quedan en el filo de lo que podría ser censura previa y en un estado democrático la transparencia debe ser total. Mientras mejor informen, mayores facultades va a tener la ciudadanía respecto de ponderar la importancia de que todos somos inocentes mientras no se determine lo contrario».
Esta postura, sin embargo, contrasta con lo expuesto por Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistrados. Según la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, dentro de las garantías del debido proceso, «una de las más importantes es la presunción de inocencia. La persona debe ser tratada como inocente. Por eso, en todas las causas debiera estar protegida la identidad del imputado».
Esto, por lo demás, no es necesario que alguna de las partes lo solicite, explicó. «La presunción de inocencia es una garantía. Esto lo han manifestado las personas que siempre escriben sobre este concepto, no es necesario que en el código haya una manifestación expresa, al tratarse de un derecho, no debe quedar expresamente señalado en otra disposición», sostuvo.
En el caso de que se quiera buscar un error o calificar alguna acción como elitista o discriminadora, a juicio de Piñeiro, debería ser el publicar el nombre de imputados. «Si hay un error eso no esta dado para cuando se impide que la identidad sea publicada, está dado cuando se publicó», recalcó.
«Falta cultura en cuanto a lo que consiste el proceso, porque cualquiera de nosotros pude estar sometido a esto y a todos nos gustaría que se respetaran nuestro derecho de presunción de inocencia. Se han entendido mal algunas garantías y eso forma parte de nuestras deficiencias culturales», complementó.
El rol del gobierno
Respecto de los cuestionamientos y razones por las que el gobierno a ha decidido no ser parte de la causa, la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, indicó que «en este caso en particular, la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes».
En todo caso, evidenció que cualquier delito de tráfico le interesa a La Moneda, «por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este, la vamos a utilizar».
Sobre el punto, tanto la ministra Piñeiro como el fiscal Uribe declinaron pronunciarse, sosteniendo que es una resolución que solo le compete al Ejecutivo.
«La ley los faculta para usar esas atribuciones y ellos las usarán cómo estimen. Son soberanos. Si se equivocan, ellos deberán responder por eso», manifestó la ministra, mientras que el persecutor se limitó a aseverar que el gobierno «deberá determinar si se querellan o no, y definir si comunican sus razones».
Más tarde, en todo caso, el ministro del Interior (s), Juan Francisco Galli, precisó que durante la jornada requirieron antecedentes para presentar una querella en este caso. Aseveró que una vez que la información se libere, el 20 de marzo, «podremos presentar querella, según los delitos cometidos».
