La ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió dos días antes del plazo la acusación constitucional que pesa en su contra y la comisión revisora ad-hoc tiene ahora seis días para emitir su informe previo.
Según un comunicado del ministerio de Educación, Mineduc, la respuesta de la secretaria de Estado, asistida por su abogado Francisco Cox, fue entregada a las 23:00 horas de este lunes y como primer punto cuestiona la admisibilidad de la acusación.
Con este alegato a la cuestión previa de admisibilidad la defensa de la ministra busca que la «acusación se dé por no presentada para todos los efectos legales, atendido que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución».
En ese sentido, el texto plantea que «la acusación no respeta el carácter de última ratio que debe tener por su envergadura, toda Acusación Constitucional»; además «no se verifican las causales establecidas en la Constitución para que proceda la Acusación Constitucional»; el libelo «contiene imputaciones por hechos que no son responsabilidad de Cubillos, sino que, se le atribuye responsabilidad por hechos de terceros»; y finalmente plantea que «no se cumple con los estándares mínimos».
La respuesta además enfatiza que «se demostrará que la ministra ha actuado siempre en cabal cumplimiento de la ley y la Constitución. Y ha sido leal y explícita en sus intentos por reformar aquellas leyes que el Gobierno al que pertenece desea perfeccionar o mejorar empleando para ello el legítimo debate democrático, como lo hace cualquier gobierno cuando hay alternancia en la coalición gobernante, enviando proyectos de ley para su discusión y tramitación en el Congreso».
«Aceptar a trámite esta Acusación, daría a la legítima crítica política la capacidad de destituir e inhabilitar políticamente a un ministro de Estado, desvirtuando así el sentido que el constituyente, nuestra tradición republicana y la doctrina le han atribuido a esta institución», añade la respuesta de la titular del Mineduc.
Asimismo, el escrito presenta una serie de argumentos para desacreditar los cinco puntos de la acusación constitucional en caso que el alegato de la cuestión previa no sea acogido.
Respecto al capítulo en el que se acusa a Cubillos de incurrir en supuestas infracciones al respeto y protección a la vida privada y datos personales por el envío de correos con información sobre «Admisión Justa», la contestación afirma que «la alegada infracción ha sido expresamente descartada por los órganos competentes para pronunciarse al respecto: la Contraloría y el Consejo Para la Transparencia».
Por otro lado, en cuanto al capítulo que acusa subejecución presupuestaria respecto a los Servicios Locales de Educación y Centros de Formación técnica, la respuesta de la ministra indica que «se incurre además en un error de hecho, por cuanto el presupuesto del Ministerio de Educación asignado por la Ley de Presupuestos 2019 se encuentra ejecutado de acuerdo a lo previsto a esta fecha, sin que en ningún caso sea posible observar diferencias con respecto a Administraciones anteriores que puedan servir de fundamento para imputar conductas omisivas».
«En efecto, al día de hoy los presupuestos correspondientes a los SLE, al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, al Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública, a los CFT y los pagos realizados a los educadores tradicionales se han ejecutado y efectuado dentro del marco de la legalidad y del cronograma esperado de acuerdo a las particularidades de cada Partida y Asignación presupuestarias», añade la contestación.
