Entregar los derechos de agua a privados a perpetuidad. Esa es la nueva polémica que se levantó luego que el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, asegurara que el Gobierno está próximo a ingresar una indicación sustitutiva en el proyecto de ley que regula el Código de Aguas y que se discute en el Senado. Tras el anuncio de esa medida, varias voces críticas se alzaron, en su mayoría proveniente de la oposición.
«El agua es el bien más escaso que tenemos, y Chile es uno de los pocos países donde se privatizó. ¿A quién se beneficia con esta entrega de derechos? Ciertamente, a la ciudadanía no. El agua es un derecho y como tal debe ser de todos», criticó el senador PPD, Guido Girardi.
Por su parte, su par Juan Ignacio Latorre (RD), indicó que «esto no es más que un retroceso: se mantiene la privatización y perpetuidad del agua, se crea un panel de cinco expertos para visar las decisiones de la DGA, y el agua que falta por entregar se lícita o remata, es decir solo se profundiza el negocio del agua».
Matias Walker (DC) agregó que «la especulación sobre derechos de agua que no se utilizan ha provocado un daño inmenso a pequeños agricultores de climas semi áridos como el de la Región de Coquimbo. La perpetuidad sin sanción de caducidad por no uso atenta contra eficiencia del agua y su justa distribución».
Justificación de la medida
Pero, ¿por qué se busca entregar a perpetuidad estos derechos? «Creemos que es un error quitarles (a los privados) la certeza jurídica a los derechos de agua», indicó Fontaine a La Tercera.
«La certeza jurídica es lo que permite que los agentes económicos, personas o empresas, puedan beneficiarse si ahorran agua. Y precisamente para dar los incentivos adecuados para el buen uso del agua, es que tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos del agua va a seguir siendo dueño», agregó la autoridad.
La polémica ya está generando coordinaciones en la oposición que este lunes podría reaccionar en señal de rechazo a esta indicación.
