Jakelin tenía solo 7 años de edad cuando las autoridades estadounidenses la detuvieron junto a su padre y otros migrantes a principios de este mes en una zona remota del desierto de Nuevo México. Siete horas después, abordaba un autobús rumbo a la estación más cercana de la Patrulla Fronteriza, pero pronto comenzó a vomitar. Hacia el final de las dos horas de camino, había dejado de respirar.
Poco antes de que la niña guatemalteca de siete años falleciera en custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, su padre firmó un documento que indicaba que su hija se encontraba en buen estado de salud. Sin embargo, se desconoce qué tanto logró comprender el hombre, dado que el formato estaba redactado en inglés y le fue leído en español por agentes de la Patrulla Fronteriza.
La muerte de Jakelin Caal pone en evidencia los desafíos de comunicación a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos cuando los agentes enfrentan un creciente número de migrantes que no hablan ni siquiera español, mucho menos inglés.
El padre de la menor, Nery Gilberto Caal Cuz, tiene como lengua materna un dialecto del maya llamado Q’eqchi’, y su segundo idioma es el español. No queda claro cuánta información se perdió en el proceso de traducción o si una mayor comprensión habría evitado la muerte de Jakelin luego que padre e hija fueron detenidos y sometidos a una revisión médica a lo largo de un remoto tramo de la frontera. Pero el caso genera dudas sobre el uso de formatos únicamente en inglés de parte de la Patrulla Fronteriza.
A todos los agentes se les exige que sepan hablar español, y de hecho reciben capacitación formal de ese idioma. La lectura en español de los formatos suele ser suficiente al plantear preguntas básicas. Pero otros migrantes de habla hispana han señalado que firmaron documentos que, luego dijeron, no habían comprendido.
Cientos de padres migrantes que fueron separados de sus hijos después de cruzar la frontera sin autorización legal durante la primavera afirmaron que firmaron formatos en los que aceptaron la deportación con la creencia de que los menores les serían devueltos, pero luego fueron deportados sin sus hijos. Muchos de ellos tuvieron que esperar por meses antes de reunirse con los menores en sus países de origen.
La muerte de la niña guatemalteca es la más reciente muestra de la desesperación que enfrenta un creciente número de familias y niños centroamericanos que se presentan en la frontera entre México y Estados Unidos, a menudo con la esperanza de solicitar asilo, creando nuevas preguntas sobre qué tan preparadas están las autoridades estadounidenses.
Este nuevo episodio generó preguntas inmediatas de parte de legisladores y otras personas sobre si se pudo haber hecho algo más. Solo había cuatro agentes procesando a los 163 migrantes, entre los que se encontraban 50 menores sin compañía de un adulto, y un solo autobús para llevarlos a la estación más cercana, ubicada a 151 kilómetros (94 millas) de distancia. Apegándose a los protocolos, los agentes no detectaron problemas hasta que fue demasiado tarde.
“Una niña de 7 años no debería morir de deshidratación y choque bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, tuiteó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
El reverendo John L. McCullough, presidente de Church World Service ,un ministerio integrado por diversas agrupaciones cristianas que proporciona asistencia a refugiados, dijo que la muerte de Caal es el resultado de la “guerra inmoral del gobierno contra los inmigrantes”. Declaró que “las personas no caminan miles de millas a menos que estén desesperadas por encontrar libertad al final de su trayecto”.
El grupo fue detenido en una de las 17 bases de operación en Arizona, Nuevo México y Texas, instalaciones austeras construidas en años recientes para incrementar la presencia de autoridades federales en zonas extremadamente remotas. Los agentes viven ahí y trabajan en tareas semanales, debido a que conducir diariamente hasta ahí desde sus estaciones les tomaría demasiado tiempo.
Jakelin y su padre estuvieron detenidos en la instalación, con agua y alimentos, pero sin asistencia médica.
Arrestar a grupos tan numerosos crea problemas logísticos para los agentes, que deben esperar la llegada de las vagonetas de transporte equipadas con asientos para bebé para llevar a los migrantes a las instalaciones de procesamiento, algunas de las cuales se encuentran lejos de la frontera.
En muchos sentidos, el grupo de 163 migrantes en el que viajaba la niña ofrece un vistazo a los cambios tan drásticos en la frontera en los últimos años. En noviembre, hubo 51.001 arrestos de personas que ingresaron ilegalmente a través de la frontera con México — la cifra más alta durante la presidencia de Donald Trump — y más de la mitad de ellos viajaban en familia o eran menores sin compañía de un adulto.
Frenar la inmigración ilegal se ha convertido en un asunto prioritario en el gobierno de Trump, y algunos activistas señalan que sus políticas están llevando a más personas a cruzar de forma riesgosa. Las autoridades migratorias afirman que su sistema está sobrecargado y no está equipado para lidiar con tal volumen de familias que no pueden ser expatriadas tan fácilmente, pero se resisten a las propuestas de adecuar las instalaciones a las necesidades de las familias. El gobierno resalta que existen muchas otras labores que se realizan en la frontera, como el comercio y el combate al terrorismo.
