A finales de julio se desató una polémica por la autorización que le dio el gobierno a Cody Wilson, fundador de Defense Distributed, para publicar planos descargables para producir armas en impresoras 3D. Ocho estados lograron una orden judicial para prohibir la publicación de los archivos, pero Wilson encontró el vacío legal que le permitió volver a ponerlos en línea: no se le prohibió venderlos.
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«Cualquier persona que quiera conseguir estos archivos los va a conseguir», explicó Wilson, aunque solo puede venderlos dentro de los Estados Unidos. Agregó que los clientes «podrán fijar su propio precio». El costo podría ser de hasta un centavo.
Las autoridades que se oponen a que Defense Distributed permita la descarga de los planos, argumentan Wilson estaría dando acceso fácil e ilimitado a armas para cualquier persona, sin considerar la legislación existente, que contempla medidas como el examen previo del estado psíquico o los antecedentes penales del portador.
El lunes, el juez federal de distrito en Seattle, Robert Lasnik, ordenó a la empresa Defense Distributed dejar de publicar los planos en línea, diciendo que «la naturaleza indetectable de estas pequeñas armas de fuego plantea un peligro único». Por ser plásticas, no activarían las alertas de detectores de metales.
Diecinueve estados y el Distrito de Columbia solicitaron una orden judicial para detener la venta en línea de los planos para fabricar las armas de plástico, argumentado que al ser indetectables plantean un riesgo de seguridad, pues podrían ser adquiridas por delincuentes o terroristas.
«Debido a nuestra demanda, una vez más es ilegal publicar archivos descargables de armas a través de internet. Confío en que el gobierno federal responsabilice a Cody Wilson, un autodenominado ‘criptoanarquista’, ante la ley», dijo el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson. «Si no lo hace, el presidente Trump será responsable de todos los que resulten heridos o muertos como resultado de estas armas», agregó.
