Era abril de 2017 cuando el intendente metropolitano Claudio Orrego denunció que en la comuna de Estación Central se contruían «guetos verticales». En septiembre del año pasado los vecinos recurrieron a tribunales para detener 28 nuevos proyectos de las mismas condiciones.
Múltiples han sido las denuncias al respecto, y los antropólogos hablando sobre las condiciones marginales de un gueto. Hoy, sin embargo, Eduardo Risso, gerente general de Tren Inmobiliario, da vuelta la industria culpando a Orrego y defendiendo a las empresas.
No existen los guetos verticales
Para Risso los edificios de Estación Central no son guetos verticales, ya que están dentro de la norma establecida. Este es un fenómeno particular, que corresponde a desarrollar proyectos inmobiliarios al ras de las leyes.
«Desarrollaron proyectos dentro de la norma exigiendo al máximo lo que la obra permitía, eso significa que las inmobiliarias tomaron la ley y vieron lo que podían construir, y algunos llegaron al límite de la norma», dice Risso.
«De pronto se echaron a perder los ascensores y se empezó a hacer noticias porque se habían construido edificios con un numero importante de unidades y había personas que no podían bajar 20 pisos porque estaban enfermos, y eso es porque la responsabilidad se la cargaban a la inmobiliaria. Siempre la inmobiliaria tiene la culpa», señala el especialista que explica que esto no es así.
Una vez que la inmobiliaria vende el 51% del inventario de una propiedad, por ley ella deja de hacerse cargo de la administración y pasa a estar en manos de los habitantes del inmueble. «¿Tiene pagados los gastos comunes? ¿No? Entonces cómo quiere que tengamos el edificio en buenas condiciones», ejemplifica.
Todo es culpa de Orrego
Ahí hay un tema político, el intendente Orrego se le ocurrió poner el tema de la interpretación de la norma en las noticias justo en temporada de elecciones, entonces él salió diciendo «no yo me voy a preocupar de los vecinos», pero resulta que todo estaba debidamente aprobado», sentencia.
«Hoy hay más de 70 proyectos de contraloría que van a terminar en juicios contra el gobierno por darles el permiso de construcción y luego negárselos. El que está fuera de la ley es es intendente»
