La feminista y ambientalista, Katrín Jakobsdóttir, se convirtió en la segunda mujer en asumir el cargo de primera ministra de Islandia. Es considerada nada menos que la política más confiable de Islandia.
En medio de los escándalos políticos que sufrió la nación europea recientemente, ese rasgo y su foco ambientalista y feminista, fueron la clave para que esta mujer de 41 años – ex parlamentaria y ex ministra de Educación- se convirtiera en la nueva primera ministra islandesa.
La cabeza visible del Movimiento de Izquierda Verde, segunda fuerza en el Parlamento, dirigió las carteras de Educación, Cultura, Ciencia y Cooperación Nórdica de 2009 a 2013 en el Gobierno de la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir, surgido tras las protestas de 2008 a causa de la crisis económica.
De 41 años, es diputada desde 2007, y tras la retirada del veterano Steingrímur Sigfússon, ministro de Finanzas (2009-2013), asumió el liderazgo del partido, aunque no pudo evitar que perdiera casi la mitad de su apoyo en los comicios generales celebrados a los pocos meses.
Proveniente de una familia de poetas, académicos y políticos, Jakobsdóttir es magíster en literatura criminal, título que obtuvo con una tesis sobre el exitoso escritor islandés Arnaldur Indriðason. Su núcleo duro de votantes, integrado por jóvenes de 18 a 29 años y mujeres, la apoyaron por su agenda en defensa del cambio climático, la igualdad de género y su promesa de aumentar el gasto público en salud y educación, según sostiene la BBC Mundo en un perfil sobre la ministra.
Según el «Informe global» sobre igualdad de género que elabora el Foro Económico Mundial, Islandia es el primer país y ha sido el más igualitario desde que en el 2006 se empezó a publicar este estudio anual. Y según un índice de «The Economist», es el mejor lugar del mundo para ser mujer trabajadora, lo que se prueba con la última medida adoptada por el gobierno islandés: donde ahora será ilegal pagar menos a un hombre o a una mujer por realizar el mismo trabajo. A las empresas privadas y entidades públicas que tengan en plantilla al menos 25 trabajadores se les exigirá un certificado de paridad salarial y las que no lo obtengan deberán pagar multas.
