La Comisión Europea activó este miércoles un duro proceso sancionador contra Polonia por su controvertida reforma judicial que, a juicio de la Unión Europea (UE), amenaza el Estado de derecho.
El Artículo 7 del Tratado de la UE, considerado como el «botón nuclear» del bloque, prevé a largo plazo la suspensión del derecho a voto de un país en las instancias decisorias de la organización internacional, una dura sanción que enfrenta Polonia.
La UE, que se presenta como adalid del respeto de la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho, prevé esta medida, cuando se constata una «violación grave y persistente» de estos «valores» del bloque.
La Comisión Europea activó este miércoles este artículo, que nunca ha sido invocado, al considerar que la controvertida reforma judicial en Polonia amenaza el Estado de derecho en este país de la ex órbita soviética, que ingresó en la organización con sede en Bruselas en 2004.
En 2016, la UE prefirió iniciar el conocido como «marco del Estado de derecho europeo» tras la controvertida reforma del Tribunal Constitucional en Polonia, que prevé un diálogo con este país.
Sin embargo, sus temores sobre una amenaza sistémica al Estado de derecho aumentaron con la reforma más global del sistema judicial impulsada por el gobierno nacionalista conservador polaco, por lo que la Comisión fue más allá activando el Artículo 7.
Reforma judicial polaca
La controvertida reforma global del sistema judicial polaco dirigida, según Varsovia (capital de Polonia), contra una «casta» de magistrados consta de 13 leyes adoptadas en dos años.
Estas leyes crearon una situación en la que el gobierno «puede interferir política y sistemáticamente en la composición, los poderes, la administración y el funcionamiento» de las autoridades judiciales, según el vicepresidente del ejecutivo comunitario de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
Tras el anuncio de la Comisión, el gobierno polaco denunció una decisión «política», que «afecta inútilmente» a las «relaciones mutuas», según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.
El presidente polaco Andrzej Duda, que había suscitado esperanza al vetar en julio dos leyes criticadas por la UE, anunció que había «tomado la decisión» de promulgar las nuevas versiones de esos textos, a pesar de que no lograron aplacar las críticas.
Después acusó a los dirigente de la UE de «mentir». «Mienten cuando dicen que hay cambios en Polonia conducen a la violación de los principios del Estado de derecho, cuando estamos mejorando los estándares democráticos», afirmó.
Pasos siguientes
¿Cuáles son los pasos siguientes? Tras su activación y tres meses de plazo para que Polonia dé marcha atrás, al menos 22 de los otros 27 países de la UE deben votar en un primer momento la «constatación de un riesgo claro de violación grave».
A continuación, se iniciaría una fase de diálogo con Polonia, durante la cual el Consejo de la UE, que agrupa a los países del bloque, podría enviar recomendaciones al gobierno polaco y comprobar si las razones de sus temores siguen siendo patentes.
De ser así, los mandatarios europeos, sin su par polaco, están llamados a constatar «por unanimidad», en este caso, una «violación grave y persistente», tras la aprobación de la Eurocámara.
Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, aliado de Polonia y con quien la Comisión mantiene también un clima de tensión tanto por su negativa a acoger refugiados como por sus leyes de oenegés y universidades, ya anunció que la defendería de la «inquisición» de la Unión Europea.
Un eventual veto de Hungría impediría avanzar hacia la siguiente fase: la suspensión del derecho a voto de Polonia en las instancias decisorias del bloque. Para aplicar esta medida, se necesita el voto de 20 de los 27 socios europeos de Varsovia.
