Este lunes, el ministro de Hacienda y los presidentes de ambas cámaras del Congreso firmaron un protocolo, mediante el cual se establece que el Presidente de la República será quien fije los salarios de los parlamentarios.
«Venimos ya desde hace un par de años trabajando con una incomodidad evidente del Congreso de tener que votar su propio reajuste, eso y otros temas, han sido ya analizados por esta comisión técnica y tenemos una propuesta de camino hacia adelante. Básicamente un proyecto de ley que se haga cargo de esto, con soluciones bastante innovadoras y que alejan estos conflictos que podrían existir», sostuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
El propio secretario de Estado explicó que esto funcionará así: «el Congreso le va a dar al Presidente de la República un poder especial para reajustar las propias dietas y asignaciones de los parlamentarios, considerando lo que diga una comisión técnica con parámetros bien definidos que van a ir en rangos que quedan en la ley y el máximo va a ser el reajuste al sector público».
Valdés añadió que será el Jede de Estado el que finalmente decidirá, tras consultar a la citada comisión técnica, la que estará conformada por ex ministros y ex directores de Presupuesto. Esto se refrendará en un proyecto de ley «que tenemos que terminar de preparar para enviar al Congreso lo antes posible», indicó.
Otros materias que se regularán
Este protocolo, a parte de las dietas de los legisladores, busca regular otras materias como «perfeccionar el mecanismo para el debate de abstención para ciertas votaciones», comentó el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, quien añadió que también se pretende avanzar en multas efectivas frente a inasistencias injustificadas.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, valoró que el reajuste al salario de los parlamentarios se trate de manera separada al resto del sector público
Asimismo, explicó que este protocolo reglamentará las consecuencias sobre las dietas y las asignaciones de legisladores que sean desaforados cuando son objeto de investigaciones judiciales.