En la Cámara de Diputados se aprobó sobre la idea de legislar la confirmación del agua como un derecho fundamental. Para esto, se deberá modificar el Código de Aguas vigente desde 1981. Se aprobó el proyecto en general, para luego pasar la votación particular, donde se trató la priorización del agua para consumo humano y saneamiento, preservación de ecosistemas, actividades productivas de subsistencia y garantiza los derechos de los pueblos originarios.
Problemas con los derechos de propiedad
Uno de los aspectos polémicos de esta modificación legal, es que con la entrada en vigencia de estas medidas, la actual propiedad perpetua del agua pasará a ser concesión temporal. Es decir, empresas como las mineras deberán informar y solicitar permisos para utilizar las aguas halladas y impondrá un caudal ecológico a todas las nuevas concesiones. De hecho, esto produciría un conflicto respecto a los derechos de agua ya otorgados. Por esta razón durante la discusión, en varios artículos, parlamentarios de Chile Vamos solicitaron reserva de constitucionalidad por considerar que iba en contra del derecho de propiedad perpetua que se establece actualmente.
Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, institución medioambiental que ha seguido la tramitación de la moción parlamentaria, estuvo también presente en el Congreso y señaló que “obviamente la tarea fundamental es cambiar la constitución, eso está pendiente, pero es preciso reconocer que este es un avance importante, que comienza a cambiar un sentido común instalado por más de 30 años. Ahora hay que ir al Senado, porque lo que ahora se logró hay que defenderlo en ese espacio”.
Publlimetro conversó con el abogado y académico, Julio Álvarez, quien explicó que para la tramitación de un proyecto con esta magnitud hay varias aristas que deben ser consideradas y que no pueden ser tomadas a la ligera. “Este recurso natural se ha entregado en concesión a distintas empresas e incluso personas naturales para su aprovechamiento. Sin embargo, dicho aprovechamiento conforme a la legislación actual es ilimitado”, señaló el abogado de la Universidad Pedro de Valdivia, explicando que con la legislación vigente “quien tiene derechos de agua los puede usar como quiera, para lo que quiera y por el tiempo que quiera”.
Si bien se establece una cantidad de metros cúbicos para beneficio de quien tenga los derechos, según el abogado «es muy difícil o prácticamente imposible realizar una fiscalización de que se cumpla esa cantidad de metros cúbicos respecto a los derechos de agua”. Según el formulario publicado en la página de la Dirección General de Aguas, actualmente no se exige que nadie vaya a fiscalizar para confirmar que la solicitud de caudal corresponde a la solicitud de derecho. “Es la clásica situación de nuestra legislación, además de ser imperfecta, es irreal. Porque no se cumple con algo muy simple, como fiscalizar información”, agregó Álvarez.
Cabe destacar que se deberán analizar en detalle los posibles conflictos constitucionales respecto a los derechos de propiedad y si la ley se aplicará retroactivamente. “Si se hiciera retroactivo, se dispararían un sin fin de contiendas judiciales en la cuál se va a plantear un tema más complejo aún, sobre el derecho de propiedad”, explicó el abogado Julio Álvarez, señalando que en ese caso el debate se centraría en cuestionar “¿Qué es más importante? ¿Derecho a la salud y a la vida? ¿Derecho a cuidar el medio ambiente? ¿O el derecho a la propiedad privada?». «En términos teóricos te estarías metiendo en un debate que considera derechos fundamentales», concluyó el experto.
Celebrando la medida
Varias organizaciones medio ambientales estuvieron presentes en la discusión en la Cámara de Diputados, como por ejemplo: la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), la Asociación Metropolitana de Agua Potable (APRIM), dirigentes de APRs de La Ligua, Petorca, San Felipe y Melipilla, Mujeres en Zonas de Sacrificio, Fundación Chile Sustentable, Fundación Ecosistemas, Fundación Newenko, la Coordinadora No Alto Maipo y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENATRAOS). Desde las ONG`s celebraron el avance en estas materias. Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) manifestó que esta reforma “viene a modernizar el sistema y a corregir errores que provienen de un código antiguo, cuando había abundancia de agua y hoy el escenario ha cambiado porque hay escasez y sobreexplotación del recurso». «Lo fundamental para nosotros es que se declare el recurso como un derecho humano, que se priorice el consumo humano”, concluyó.
El proyecto seguirá siendo analizado, para luego pasar al Senado. Desde la Nueva Mayoría apoyan la medida, mientras que desde la oposición consideran que hay temas que ver con mayor detalle, como aquellos conflictos relacionados con los derechos de propiedad.
