La responsabilidad del millonario fraude en el Ejército la tendrían dos ex subsecretarios de las Fuerzas Armadas y el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
Así lo determinó la comisión de la Cámara de Diputados que investiga este caso desde diciembre de 2015.
Fuente-Alba es acusado de haber sido el encargado del correcto funcionamiento de la institución y su falta de diligencia por no atender las recomendaciones hechas por la Contraloría General de la República.
Con respecto a los subsecretarios, la instancia señaló que Alfonso Vargas y Gabriel Gaspar incumplieron con su trabajo al no fiscalizar los gastos de la institución, en su rol dentro de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
El informe aprobado por la comisión de diputados también atribuyó responsabilidad a la Contraloría, diciendo que «fue sustento para limitar su ‘potestad plena’ y contribuyó a no tener una política permanente y eficaz de fiscalización de los fondos de la Ley Reservada del Cobre entregados a las diversas instituciones de las FF.AA.»
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