La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, insistió hoy ante el Senado en que si fuera destituida en el juicio político al que está sometida, se deberán convocar unas nuevas elecciones, para devolverle al país un «gobierno legítimo».
En la sesión convocada para la presentación de sus alegatos finales ante el pleno del Senado, constituido en tribunal, Rousseff insistió en que si fuera desalojada del poder «se habrá presenciado una elección indirecta», en las que los 81 senadores «sustituyan a los 110 millones de votantes» que tiene Brasil.
El juicio político está en sus tramos finales y el Senado deberá tomar una decisión definitiva sobre la eventual destitución de la presidenta este mismo martes o a más tardar el miércoles, según las previsiones de la propia cámara legislativa.
Si Rousseff perdiera efectivamente el cargo, seguirá en el poder su antiguo vicepresidente, Michel Temer, quien la sustituye desde el pasado 12 de mayo en forma interina pero completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
«Creo sinceramente que si hubiera una decisión que autorice mi destitución sin que se haya comprobado un crimen, estaremos frente a un golpe de Estado y también frente a una elección indirecta», dijo Rousseff en la fase de preguntas a las que la someten los senadores.
Según Rousseff, una elección «indirecta supone un retroceso en relación a prácticas que el país ha superado tras la dictadura» que gobernó entre 1964 y 1985 y representaría «un pacto político» sin el «consentimiento» de la población.
«Defiendo que, en ese caso, el único pacto posible sea tejido con todos los brasileños, que deben ser llamados a posicionarse sobren una elección directa anticipada y una reforma política», pues «no es posible gobernar con 35 partidos», como tiene hoy el país, declaró.
Rousseff reiteró así una propuesta que presentó hace quince días, cuando se comprometió a que, si fuera absuelta y recuperase el poder del que fue suspendida el 12 de mayo pasado, promoverá un plebiscito para adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018 y para que la sociedad se manifieste sobre una reforma política.
Según Rousseff, esa reforma es «urgente», pues «será muy difícil que los presidentes que vendrán a futuro mantengan la gobernabilidad en un país con 35 partidos políticos».
En la fase de preguntas que pueden formular cada uno de los 81 senadores, la mandataria también confirmó que, como sostiene su defensa desde el inicio del proceso, podrá apelar ante la Corte Suprema una eventual decisión que la despoje de su mandato.
«Si me consideran culpable sin haber probado el delito, será un rotundo golpe, un golpe integral», declaró Rousseff, quien reiteró que si no ha apelado aún ante la Corte Suprema, ha sido en «respeto al Senado» y por su «confianza en la justicia».
Sin embargo, advirtió de que «si aún siendo inocente, fuera condenada», pudiera apelar contra el «mérito de la acusación» ante el Supremo, cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirige el proceso como garante constitucional de un juicio político realizado bajo una estricta supervisión de ese tribunal en cada una de sus fases.
La mandataria está acusada de diversas irregularidades fiscales que ha negado una y otra vez y que hoy, ante el Senado, insistió en calificar como un «pretexto» para desalojarla del poder y dar paso a una elite económica y política que califica de «golpista».
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