Este miércoles a partir del mediodía la Defensoría Pública solicitará al Juzgado de Garantía de Temuco se extienda por tres meses el plazo de investigación en el caso Luchsinger-Mackay, hecho por el que hay once comuneros mapuches imputados por incendio de resultado de muerte con carácter terrorista y ante lo cual nueve de ellos permanecen actualmente en prisión preventiva.
La noche del 4 de enero de 2013 la vivienda habitada por Vivianne Mackay (de 69 años) y Werner Luchsinger (de 75) en la comuna de Vilcún, región de La Araucania, fue atacada e incendiada con resultado fatal para ambos.
Durante la formalización del 30 de marzo pasado, a petición de la defensa se estableció un plazo de sesenta días para recopilar antecedentes previo al juicio oral, sin embargo, los abogados del grupo de comuneros argumentan que tal objetivo no ha sido cumplido dados los obstáculos que ha impuesto la fiscalía.
Mario Quezada jefe de estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía, aseveró a Publimetro que desde el Ministerio Público han tenido una serie de actitudes con intención de entorpecer el trabajo de la defensa. La tardía entrega de las carpetas con información y la imposibilidad técnica para reproducir las escuchas telefónicas, dado el formato en que les fue entregado el material, han impedido cumplir con el primer plazo.
«Sospechamos la existencia de pruebas exculpatorias. Los argumentos del Ministerio Público son bastante débiles y probablemente en un juicio oral mis representados van a ser absueltos. Si respetarán (la fiscalía) el principio de objetividad, deberían pensar en no perseverar», afirma Quezada.
«Pasan los meses, nos dificultan el acceso a la información y además nos quieren cerrar la investigación para que no podamos defender bien a estas personas», agregó.
Acusaciones que son respondidas por el fiscal vocero de la Fiscalía de la Araucanía Roberto Garrido, quien contestó que esta actitud corresponde a un «pretexto» para dilatar el juicio y hacer «más dificultosas las medidas» en contra de los imputados.
Garrido enfatizó en que no han existido obstáculos «los antecedentes de investigación se ponen en conocimiento de las defensas y es responsabilidad de cada uno retirarlos», y agrega que «es obligación de ellos» poseer el programa que reproduzca las escuchas.
«Mañana habrá que evaluar cuánto tiempo más ellos requieren, porque propusieron dos meses y ahora consideran que es insuficiente», declaró.
Sobre los cuestionamientos ante una posible falta de pruebas para condenar a los comuneros, Garrido comenta que «en relación al otro imputado -Celestino Córdova, único condenado por el crimen- también se decía que no existían suficientes medios de prueba».
Durante este martes se presentaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco los abogados querellantes de la intendencia regional así como la fiscalía, para apelar ante el tribunal de alzada la decisión del Juzgado de Garantía de rebajar la medida cautelar en contra de la machi Francisca Linconao, quien pasó de prisión preventiva a arresto total domiciliario.
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